A 10 años de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, asociaciones civiles visibilizaron avances, pero también retos en materia presupuestal, combate a desapariciones y homicidios contra infancias, así como en la instalación de SIPINNA municipales. Actualmente existen mil 800 de un total de 2 mil 400 que deberían ser en todo el país.
La Ley en la materia fue publicada el 4 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en ese contexto, integrantes de la sociedad civil del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) explicaron los avances a lo largo de una década.
Entre las buenas prácticas, Rafael Castelán Martínez Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac), mencionó que el ordenamiento propició la creación de los SIPINNA en los tres órdenes de gobierno, tanto a nivel nacional, como estatal y municipal.
Tan solo al corte del 30 de junio de 2024 ya existían mil 886 instalados en municipios de todo el país, lo que representa una cobertura del 76 por ciento ya que existen 2 mil 469 municipios en México. Lo anterior a su vez revela que faltan la instalación de 583, es decir, del 24 por ciento.
Asimismo, enunció que SIPINNA constituyó 10 comisiones que se han dedicado a analizar diversos aspectos y promover iniciativas en los congresos locales que a su vez han derivado en protocolos a favor de niñas, niños y adolescentes (NNA).
De igual manera, recordó que se prohibieron los castigos humillantes y degradantes en la niñez como forma de educación, lo mismo con el matrimonio infantil; sin embargo, contrario a dichos avances enunció otras prioridades como la desaparición que incrementó en un 25 por ciento y los homicidios contra niñas, niños y adolescentes en un 45 por ciento.
En ese contexto, las organizaciones civiles consideraron 50 recomendaciones de las cuales tres son prioritarias como el fortalecer la Ley General, la armonización de esta normativa con otras legislaciones federales y estatales, así como garantizar un presupuesto para alcanzar las metas relacionadas con niñas, niños y adolescentes.