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Un año después de la muerte de un joven que ocurrió al interior del área de detención primaria en el municipio de Progreso de Obregón, el ayuntamiento finalmente admitió la vulneración a derechos humanos al aceptar la recomendación R-VMJ-0006-23, pues el caso se llevó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Congreso Local.
Esto ocurre, después de que en un primer momento habría rechazado dicha resolución, pero reconsideró su decisión porque la madre de la víctima se inconformó y por este motivo intervino la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como el Congreso de Hidalgo.
En una conferencia de prensa, el organismo defensor de los derechos a nivel local dio a conocer el seguimiento de la recomendación que emitió el 6 de noviembre de 2023 en contra de Armando N, entonces alcalde de Progreso, quien actualmente enfrenta un proceso penal por presuntos desvíos.
La Comisión estatal acreditó que policías municipales de este ayuntamiento vulneraron el derecho a preservar la vida humana, a no ser sujeto de retención ilegal, no ser sometido a violencia institucional o al uso desproporcionado o de la fuerza pública. Además de la omisión de recibir atención médica, psicológica y tratamiento especializado.
Sin embargo, los integrantes del cabildo de Progreso de Obregón acordaron por mayoría no aceptar la recomendación durante una sesión del 21 de noviembre de 2023.
Ante la negativa, el asunto escaló a la CNDH e incluso, el alcalde Armando N antes de ser detenido compareció al Congreso local para expresar sus argumentos; sin embargo, fue hasta el 14 de agosto de este año cuando Osvaldo Cano Olvera y Armando Martínez Treo, actual presidente municipal y síndico, respectivamente, anunciaron que reconsideraron la decisión y aceptaron la recomendación R-VMJ-0006-23.
Lo anterior implica que deberán cumplir con una reparación del daño, así como capacitar los servidores públicos sobre el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y otras normativas del uso de la fuerza, además de iniciar una investigación en contra del entonces presidente municipal y a tres policías involucrados.
Desde 2022 a la fecha, esta es la única recomendación no aceptada. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) consideró que actualmente no existe un caso similar.
