Los municipios de Atitalaquia, Mineral del Monte, Progreso de Obregón, así como la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), aceptaron las recomendaciones en su contra sobre vulneraciones a derechos humanos, pero no cumplieron con la totalidad con los puntos emitidos para resarcir el daño.
De acuerdo con datos estadísticos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH), del 29 de junio de 2022 al 26 de julio de 2023, el organismo autónomo a cargo de Ana Karen Parra Bonilla emitió 12 recomendaciones específicas.
Al corte de la primera semana de agosto, el 33 por ciento de las resoluciones aún no se cumplían en su totalidad, a pesar de que algunas ya tienen un año. Este es el caso de la recomendación VG-0003-22 dirigida a la Procuraduría estatal el 14 de septiembre de 2022.
La autoridad vulneró el derecho al acceso a la justicia, así como una adecuada y oportuna ejecución de los mandamientos judiciales cuando no ejecutó una orden de aprehensión en contra de un individuo acusado por su expareja de violación agravada, violencia familiar, abusos sexuales e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Por estos hechos, Derechos Humanos le pidió a la Procuraduría detener a la persona señalada, e iniciar el procedimiento legal para determinar la responsabilidad de dos policías de investigación. Le recomendó instaurar un protocolo de seguimiento al cumplimiento de órdenes de aprehensión. Sin embargo, CDHEH reportó que la recomendación fue aceptada, pero no cumplida.
El 19 de octubre de 2022, la CDHEH señaló al municipio de Atitalaquia por la vulneración a la libertad de expresión, libertad de reunión, acceso a la información pública, así como al disfrute de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
La queja se inició por el caso de un relleno sanitario que avaló el cabildo, situación que generó un movimiento social y el asesinato del activista Jesús Bañuelos, alias Chuy, quien protestaba en un campamento afuera del tiradero y fue asesinado durante la madrugada del 21 de junio del año pasado.
La CDHEH ordenó una investigación contra ocho integrantes de la asamblea municipal, además de organizar acciones en conjunto con la sociedad civil tendientes a frenar la crisis ambiental. La recomendación R-VDRO-0004-22 fue aceptada, pero a casi un año, solo se ha cumplido parcialmente.
Una situación similar pasó con el municipio de Mineral del Monte, señalado en la recomendación R-VG-0006-22 por trasgredir el derecho a la libertad de expresión, así como no ser sometido al uso desproporcionado de la fuerza pública, ya que funcionarios de la alcaldía disuadieron con golpes una manifestación pacífica que organizaron defensores de animales y en la que también fueron afectados tres reporteros.
El municipio otorgó una disculpa pública en cumplimiento a la recomendación, pero esa era un parte, toda vez que la CDHEH pidió sancionar a servidores públicos involucrados, la revisión al marco normativo aplicable al uso de las armas y fuerza, además de capacitación.
Finalmente, Progreso de Obregón aceptó la recomendación R-VPO-0003-23 donde le señalaron la vulneración a no ser sujeto de retención ilegal, a preservar la vida humana, así como la valoración y certificación médica en barandilla, esto debido a la muerte que al interior del área de retención primaria padeció Beatriz Hernández, identificada como ‘doctora Bety’.
En este caso también se ofreció una disculpa pública que los familiares rechazaron, la CDHEH también ordenó cumplir otros puntos como atención psicológica para las víctimas indirectas y capacitación a funcionarios para la no repetición.
De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se llevará a cabo un procedimiento que consiste en cuatro pasos.
El primero es que la autoridad señalada o servidor público involucrado deberá motivar su negativa ante el Congreso de Hidalgo.
Posteriormente, la CDHEH determinará en conjunto con el órgano legislativo los argumentos, si estos fueron insuficientes se continuará con el siguiente paso que es solicitarle nuevamente que acepten la recomendación.
En caso de que persista la negativa, Derechos Humanos podría denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores señalados en la recomendación como responsables.