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Las personas que denunciaron faltas a sus derechos humanos iniciaron 752 quejas del 1 de enero al 15 de diciembre de 2023, según se desprende de estadísticas proporcionadas por el organismo autónomo que en Hidalgo resuelve estos incidentes.
Las cifras del año en curso reflejan que, en promedio, dos personas diariamente se quejan de ser violentadas por autoridades de la entidad hidalguense.
Los casos deben ser investigados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), organismo que radicó en expedientes los más de 700 señalamientos; sin embargo, no es el único servicio que prestó en lo que va de 2023.
Adicional a las quejas, brindó 4 mil 756 orientaciones en el periodo en mención y también abrió mil 144 cuadernos de expedientes, que hacen referencia a posibles vulneraciones que no llegaron hasta una queja.
Las estadísticas también demuestran que se acreditaron violaciones a los derechos humanos, lo que propició la emisión de siete recomendaciones específicas, el mismo número de resoluciones que la CDHEH emitió en el año inmediato anterior correspondiente a 2022.
La primera recomendación fue en contra del ayuntamiento de Mineral de la Reforma por la muerte de un individuo al interior de su barandilla, cuyos hechos datan de agosto del año pasado.
Por este mismo motivo, el municipio de Tianguistengo fue señalado al igual que Progreso de Obregón, lugar donde perdieron la vida dos personas en hechos distintos, y por lo cual, acumula dos recomendaciones en lo que va del año. Uno de estos casos fue el de Beatriz Paredes Ruíz, una doctora de 29 años de edad que había sido remitida al área de retención tras un incidente vial registrado el 9 de junio de 2021.
La cuarta recomendación que lanzó la CDHEH involucra a la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.
Una más para la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) por omisiones en investigaciones relativas a un feminicidio; mientras que la última fue en contra de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPH) por un caso de abuso sexual en agravio a una menor de edad.
De las siete recomendaciones se destaca que Progreso de Obregón no la aceptó, mientras que el resto están en proceso.
