En 20 municipios de Hidalgo se carece de una Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) para atender a las personas que presentan alguna condición de discapacidad permanente o temporal. Entre estas se encuentran El Arenal, Omitlán, Tlahuelilpan y Tlanalapa.
Las personas con discapacidad en la entidad no sólo se enfrentan a la falta de infraestructura para su integración a las actividades cotidianas, también tienen que lidiar con el desinterés de los gobiernos municipales para construir centros que les permitan su rehabilitación.
Gabriela Godínez Hernández, quien es diputada local de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó a El Universal Hidalgo que durante toda la administración de los 84 municipios no hubo un compromiso real para atender las necesidades de las personas con discapacidad quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad que hace tres o cuatro años.
Si bien en 64 municipios sí hay una UBR, algunas de las instalaciones se encuentran abandonadas. De esas, el 50 por ciento funciona de manera intermitente al no contar con especialistas como fisioterapeutas o psicólogos que puedan brindar una atención digna y de calidad a los pacientes.
A menos de tres meses de que concluyan las administraciones en los ayuntamientos se destacó que las demarcaciones que no cuentan con un centro para ofrecer rehabilitación son: Agua Blanca, Alfajayuca, Chapantongo, El Arenal, Eloxochitlán, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Juárez Hidalgo, La Misión, Lolotla, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Pisaflores, San Agustín Metzquititlán, Santiago Tulantepec, Tlahuiltepa, Tlanalapa, Xochicoatlán y Yahualica.
Lo anterior no es un problema menor luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que entre 2018 y 2023, en Hidalgo aumentó el número de personas que informaron vivir con alguna condición de discapacidad, pues se identificaron a 43 mil 183 personas más.
Gabriela Godínez relata que otro de los problemas es la falta de educación y conciencia del resto de la población, quienes muy seguido invaden los espacios destinados para personas con discapacidad en espacios públicos como oficinas gubernamentales, bancos, hospitales y en estacionamientos públicos.
Ante el desinterés social y gubernamental, la diputada consideró necesario legislar para que los 84 municipios tengan un centro especial equipado, con equipo y especialistas, para atender a este grupo vulnerable.