Carlos Cesar Pérez Escamilla, alcalde petista electo en San Felipe Orizatlán, promovió un amparo contra la inhabilitación que le impuso la Secretaría de Contraloría de Hidalgo.
La sanción en contra de Pérez Escamilla está radicada en el expediente PRA/0001/2023 e implica que no está habilitado para ejercer el servicio público durante 30 meses.
Dicha inhabilitación ocurrió cuando se desempeñaba como regidor propietario en el ayuntamiento de San Felipe durante la gestión 2020-2024; es decir, previo a que ganara la elección del pasado 2 de junio abanderado al Partido del Trabajo (PT).
La plataforma de la Contraloría estatal en su rubro de personas sancionadas, específica que Pérez Escamilla recibió la sanción por omitir declarar su situación patrimonial, así como por abandonar sus funciones de regidor sin previa solicitud de licencia.
La inhabilitación comenzó el 28 de agosto de 2023 y concluye hasta el 28 de febrero del año 2026; sin embargo, el alcalde electo tendría que tomar protesta en septiembre de 2024.
Por este motivo y a casi un año de la sanción que le impuso la Contraloría, Pérez Escamilla se quejó contra la resolución a través del juicio de amparo 1140/2024.
En el expediente radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, perteneciente al Poder Judicial de la Federación (PJF), el alcalde electo señaló como responsable al titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo.
En su escrito, Pérez Escamilla se quejó por la falta de emplazamiento al procedimiento administrativo, así como todo lo actuado en el mismo, porque consideró que la inhabilitación impactaría al momento de desempeñar su cargo como presidente municipal de San Felipe Orizatlán.
Además de esta sanción, cabe recodar que mayo de este año Pérez Escamilla fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción por presunta falsificación y uso de documentos falsos.