Los primeros cuatro alcaldes aprehendidos por su presunta participación en la ‘Estafa Siniestra’ continúan con procesos penales vigentes, en prisión preventiva y de camino a enfrentar juicios orales, en caso de no concretar sus criterios de oportunidad.
En noviembre de 2022, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvieron a Fidel N, Felipe N, Luis Enrique N y Elías N, quienes gobernaban Epazoyucan, Huautla, Nopala y Yahualica, respectivamente.
Los exalcaldes en suspensión de funciones están recluidos en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, todos vinculados a proceso por hechos que la ley señala como peculado agravado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades agravado.
Los señalamientos en contra de los presidentes municipales de la administración 2020-2024 suman 142 millones 17 mil 450 pesos que presuntamente desviaron a través de empresas fachada y con el auxilio de quienes estaban al frente de secretarías estatales del sexenio pasado correspondiente a 2016-2022.
En su momento, Santiago Nieto Castillo, ex encargado del despacho de la PGJEH, manifestó que los alcaldes podrían apegarse a criterios de oportunidad, que son alternativas para solucionar sus conflictos sin llegar a juicio, esto, siempre y cuando reparen el daño y colaboren con la Procuraduría estatal.
Sin embargo, la PGJEH aún analiza la petición de este criterio en favor de los cuatro alcaldes que presuntamente participaron en la red de corrupción; tres de ellos promovieron juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), pero ya sobreseyeron; es decir, concluyeron.
Mientras que el restante corresponde a Luis Enrique N, alcalde de Nopala, cuyo caso es el único que todavía se encuentra en investigación complementaria, ya que fue aprehendido en noviembre de 2022, pero se dio a la fuga y fue capturado nuevamente la madrugada del martes 12 de septiembre de 2023.
Al igual que los demás ediles promovió un juicio de amparo que aún no se resuelve, a través de este se quejó contra el auto de vinculación y la medida cautelar que lo mantiene en prisión.
Los montos que se le acusan a cada alcalde son: