Diputados locales aprobaron que mujeres sin seguridad social reciban una caja de maternidad con insumos mínimos para el cuidado de sus bebés recién nacidos, por conducto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Hidalgo.
En su exposición de motivos, el legislador Jorge Hernández Araus refirió que la Ley de Seguridad Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, así como la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, establecen que como una de las prestaciones para sus derechohabientes es recibir una canastilla tras el nacimiento de un hijo.
No obstante, dijo, las bases de la seguridad social excluyen indirectamente a la población que no es derechohabiente de los servicios que prestan los institutos de salud del país.
Por lo que señaló que el artículo cuarto de la Constitución Política de México establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar a toda persona su derecho la protección de la salud y ser beneficiario de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
Agregó que en Finlandia las familias que esperan el nacimiento de un bebé se le entrega una caja asistencial que incluye prácticamente todo lo que lo que debería necesitar el bebé durante los primeros meses de su nacimiento, con un total aproximado de 60 objetos, además de que la propia caja se puede aprovechar como cuna.
Esta política social se implementó en 1938, cuando la mortalidad infantil era muy alta, con 65 muertes por cada mil nacimientos y se popularizó en todo el mundo hace cinco años.
Por lo que se adicionó la fracción XXIII Bis al artículo 26 de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Hidalgo, para establecer que el DIF estatal podrá otorgar una canasta de maternidad para madres embarazadas, con insumos para el cuidado del bebé. Para el acceso y entrega de esta prestación, deberá diseñar reglas de operación que procuren otorgarla preferentemente a mujeres que no cuenten con seguridad social o provengan de regiones o contextos con mayor vulnerabilidad, y que hayan iniciado su control prenatal ante las instancias competentes.