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Hasta 10 años de prisión pueden alcanzar quienes cometan delitos contra la riqueza forestal, luego de las reformas aplicadas al Código Penal para el Estado de Hidalgo.
Las sanciones para estos ilícitos se contemplan en los artículos del 345 al 349; sin embargo, la penalidad incrementó tras las modificaciones que avaló el Congreso local.
Por ejemplo, antes de las reformas, el numeral 345 establecía una pena máxima de ocho años de cárcel para la persona que sin permiso realizara aprovechamiento o explotaciones forestales.
Sin embargo, ahora el castigo será de hasta una década para quien realice dicha acción y otras que se consideran que atentan contra la riqueza forestal, entre ellas: al que obtenga una autorización de explotación forestal falsa.
También para quien dolosamente, derribe, tale u ocasione la muerte de uno o más árboles que se encuentren en banquetas, parques, jardines, plazas o áreas verdes de uso común.
Las modificaciones también aplicaron al numeral 346, ya que la pena de prisión será de uno a cuatro años para la persona que no exhiba la documentación de explotación forestal o del transporte de sus productos. Antes la punibilidad oscilaba entre los tres meses y los dos años.
Mientras que quien comercie o emplee para fines industriales productos forestales obtenidos sin autorización pasará de dos a seis años en la cárcel; no obstante, la pena que antes contemplaba el artículo 349 era de uno a cuatro años como máximo.
Además, se agregó el numeral 349 Ter al Código Penal, que establece de uno a nueve años de reclusión para quien en contravención a las disposiciones legales y normas oficiales mexicanas destruya la vegetación natural y cambie el uso del suelo.
En Hidalgo, los delitos ambientales aún no se tienen identificados ni han llegado a los juzgados. Sin embargo, estos la penalidad de estos tienen que difundirse, pues en áreas forestales existe una autoridad encargada de la aplicación de estas medias.
A penas en abril de 2024 durante el incendio en Mineral del Chico se responsabilizó a una persona por haber provocado un incendio forestal mayor, lo que afectó varias hectáreas.
En contraste los talamontes tienen que también ser responsabilizados por cada árbol que depredan en los bosques hidalguenses.