Más Información
Por presuntamente colaborar con presidentes municipales en actos de corrupción, tres extesoreros enfrentan procesos penales desde el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca.
Se trata de Roberto N, exfuncionario en la tesorería de Tlahuiltepa durante de 2012 a 2016; así como Ismael N, quien fue tesorero en San Salvador de 2006 a 2008, por este último caso se juzga en el antiguo sistema penal.
La detención más reciente es la de Julissa N, exfuncionaria de Tlaxcoapan en la gestión 2016-2020, la cual encabezó el exalcalde Jovani N, actualmente vinculado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El expresidente está en la penitenciaría de la capital de Hidalgo como parte de la medida cautelar para asegurar su presencia, la cual también le aplicaron a su excolaboradora.
Julissa N fue detenida el 15 de febrero por elementos de la Policía de Investigación, posteriormente el Ministerio Público le imputó el delito, que presuntamente habría cometido en colaboración con el exalcalde y con Juan Carlos N, exdirector de Obras Públicas, también sujeto a proceso judicial. Esto según la audiencia inicial.
Sin embargo, la resolución jurídica de la extesorera de Tlaxcoapan aún no se resuelve porque se acogió al término constitucional de 144 horas, por lo que en el transcurso de esta semana un juez de control determinará si hay elementos de prueba para dictar, o no, un auto de vinculación.
Lee también: Empresarios buscarán denunciar a funcionarios corruptos
Recientemente, se ha informado de las detenciones de otros extesoreros municipales. Uno de ellos es Roberto N quien trabajó de 2012 a 2016 con el exalcalde Israel N en Tlahuiltepa, ambos están privados de la libertad desde diciembre de 2023 por peculado ante el presunto desvío de 25 millones de pesos a través de empresas fachadas.
Al listado se suma Ismael N, exalcalde de San Salvador de 2016 a 2022; sin embargo, las presuntas actividades delictivas que le señalan sucedieron de 2006 a 2008 cuando fue extesorero del mismo municipio. El exfuncionario deberá responder por la presunta distracción de apenas 484 mil pesos.
