Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad para invalidar 38 leyes de ingresos municipales de Hidalgo al considerar que los diputados locales avalaron establecer cobros excesivos y desproporcionados, Andrés Velázquez Vázquez, presidente de la Junta de Gobierno, señaló que revisarán lo observado por el organismo nacional.
En el documento presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señala que en las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2025, los cobros son excesiva e injustificados para la emisión de certificados y copias, expedición de constancias de documentos municipales, además de copia simple de documento digitalizado.
“(Los cobros) no atienden a los costos reales del servicio prestado por los municipios, por lo que vulneran los principios de justicia tributaria”, señaló la CNDH.
Si bien el Congreso no ha sido notificado sobre la acción de inconstitucionalidad, el diputado Andrés Velázquez adelantó que las analizarán para determinar qué acciones jurídicas seguirán.
“Están (la CNDH) en su derecho, vamos a revisarlas con detalle para ver cuál será nuestro pronunciamiento. Todavía no nos han notificado”, expresó el legislador de Morena.
Los municipios señalados por cobros excesivos son Acaxochitlán, Acatlán, Alfajayucan, Agua Blanca, Ajacuba, Actopan, Almoloya, Atitalaquia, Apan, Atlapexco, Atotonilco de Tula, Atotonilco El Grande, Chapantongo, Cardonal, Calnali, Chapulhuacán, Chilcuautla, Cuautepec de Hinojosa y Eloxochitlán.
También Huejutla de Reyes, El Arenal, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Jaltocán, Juárez, La Misión, Metepec, Lolotla, Metztitlán y Mineral de la Reforma.
En otro tema, en entrevista al finalizar el lunes cívico, Andrés Velázquez dio a conocer que el pleno del Congreso Local, espacio utilizado por los diputados para realizar las sesiones ordinarias, tendrá que ser derribado por fallas estructurales, de acuerdo con un dictamen emitido por la Secretaría de Infraestructura estatal.
Expuso que se espera un último dictamen de Protección Civil para determinar si el recinto legislativo puede utilizarse o tiene que derrumbarse y construirse otro, pero “es un hecho”, consideró el diputado.
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