La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) intentará comprobar con denuncias el desfalco por casi 144 millones de pesos que le observó la Auditoría Superior del Estado (ASEH), dinero que se utilizó presuntamente para enmendar un hackeo en el Instituto Hidalguense de Educación (IHE).
Así lo informó, Natividad Castrejón Valdez, titular de la SEPH, tras recordar que como parte de la cuenta pública 2022, la Auditoría le señaló al IHE un monto de 143 millones 999 mil 857.73 pesos que se otorgaron a una empresa de recuperación de datos informáticos; sin embargo, el servicio fue inexistente.
Incluso, por este caso el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH del sexenio pasado (2016-2022) está vinculado a proceso por hechos que la ley señala como peculado dentro de la causa penal 151/2023.
Castrejón Valdez argumentó que, con las denuncias y procesos penales en curso, la gestión actual de la Secretaría de Educación intentará aclarar los casi 144 millones de pesos que le indicó la Auditoría.
Por el momento descartó solicitar una prórroga a la ASEH para intentar explicar el dinero faltante, tras señalar que hay denuncias y el monto económico observado es presuntamente parte de la comisión de un ilícito.
ANTECEDENTES
Los más de 144 millones de pesos tienen antecedente en una carpeta de investigación que inició la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), luego de detectar que el Instituto Hidalguense de Educación realizó transferencias a una empresa fachada con domicilios fiscales en Ciudad de México y Guadalajara.
Por estos hechos, Pablo N, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH, fue aprehendido la madrugada del 4 abril en su casa situada en Zona Plateada de Pachuca. Seis días después, el 10 de abril, fue vinculado a proceso.
De acuerdo con la Procuraduría, la empresa fue contratada para atender un supuesto hackeo que padeció la dependencia; sin embargo, Santiago Nieto Castillo, encargado del despacho de la PGJEH, indicó que entre las irregularidades halladas fue que dos días antes del presunto robo de información, se cambió el objeto de la empresa para así, ser contratada.
