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Se dejaron de realizar los descuentos que afectan a más de 4 mil trabajadores de la salud de Hidalgo debido a la transición de los Servicios de Salud de Hidalgo al programa del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS Bienestar), informó Lidia Herrera Ángeles.
La trabajadora del Hospital Psiquiátrico Villa Ocaranza, y representante de los empleados afectados por descuentos de nómina que realizaban cajas de ahorro autorizadas por el sindicato, expuso que este es un avance en la solución de la problemática, pues había trabajadores que se quedaban sin salario por los cobros excesivos que se realizaban de manera directa.
Aunque reconoció que es un avance en la resolución del problema principal, la también trabajadora enfatizó que no dejarán de insistir para que sea judicializada la denuncia que se presentó hace más de un año y nueve meses ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para que se castigue a los presuntos responsables del fraude que asciende a cerca de 6 mil millones de pesos.
En entrevista con El Universal Hidalgo, la trabajadora señaló que les informaron que ya no habría más descuentos, pues desde la gestión de Zorayda Robles Barrera (al frente de la Secretaria de Salud estatal) ya no se firmaron los convenios con las casas financieras que descontaban el salario a los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA).
"Aunque ya hay avances importantes, nuestra exigencia sigue para que el caso no quede en la impunidad. Las personas involucradas deben tener castigo y por eso buscamos que la Procuraduría judicialice las denuncias”, advirtió Herrera Ángeles.
Explicó que los convenios para una supuesta caja de ahorro se firmaban cada año por parte del SNTSA, pero eso no significaba que los trabajadores aprobaran los descuentos a través de la nómina.
La carpeta de investigación No. 13-2022.0384 inició en 2022 cuando 15 trabajadores de la salud presentaron una denuncia colectiva; sin embargo, el número aumentó a 489 sindicalizados, quienes buscan que las autoridades deslinden responsabilidades.
“La situación que padecían los trabajadores era grave. Compañeros con un salario de 8 mil pesos se quedaban con apenas 100 y 200 pesos en cada quincena. En el peor de los casos había a quienes dejaban con 75 centavos. En mi caso, mi nómina era de 8 mil pesos y sólo cobraba 900; me impusieron un crédito de 109 mil pesos”, explicó la enfermera.
Por encabezar la demanda colectiva, la trabajadora de salud señaló que ha sido víctima de intimidación, por lo que teme por su integridad. Sin embargo, adelantó que continuará con la denuncia hasta que se deslinden responsabilidades.
Santiago Nieto Castillo declaró recientemente que en dos ocasiones se judicializó la carpeta de investigación contra los presuntos responsables que realizaron descuentos de manera ilegal, pero los jueces no otorgaron las medidas cautelares que solicitó la PGJEH que era la prisión preventiva.
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