Al menos, seis de cada 10 ciudadanos consideran que el trabajo de los jueces del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH) es “muy” o “algo efectivo”.
Incluso, consideran que es mejor que el que realiza el Ministerio Público de la Procuraduría estatal, así lo reflejan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La cifra de Hidalgo es similar a nivel nacional porque el 58 por ciento de la población dice que confía en los jueces más que en el personal que labora en fiscalías o en los policías.
A pesar de la percepción ciudadana hacia diferentes autoridades, la propuesta de la reforma judicial -que es una de las seis prioritarias para los siguientes meses y la Legislatura- contempla solo la elección de ministros, magistrados y jueces federales mediante el voto popular.
Lo anterior implicará una homologación en la legislación de las entidades, por lo que la designación de juzgadores eventualmente alcanzaría los poderes judiciales de cada estado del país, confirmó el senador Ricardo Monreal Ávila en su reciente visita a Hidalgo.
Respecto a la reforma en materia judicial y su posible impacto a nivel local, la magistrada Rebeca Stella Aladro Echeverría, titular del PJEH, omitió dar su postura, al menos hasta el cierre de esta publicación.
Los policías municipales, de tránsito y estatales son los que tienen más acercamiento con la población, pero son en quienes menos confían los hidalguenses, contrario a las autoridades procuradoras de justicia y corporaciones de seguridad de índole federal.
En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 que elaboró en INEGI, los policías tienen entre un 6 y 10 por ciento de confianza.
Mientras que el ministerio público y demás personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), así como jueces obtuvieron del 12 al 14 por ciento.
Solo el Ejército, la Marina y Guardia Nacional logró que entre el 30 y 40 por ciento de los encuestados de Hidalgo respondieran que tienen mucha confianza.
Pero, respecto a las opiniones específicamente de autoridades estatales, la mejor entre la ciudadanía fue a favor de jueces y trabajadores de la Procuraduría.
El INEGI entrevistó a 655 mil 606 hidalguenses; de los cuales, 89 mil 341 respondieron que tenían “mucha confianza” en los jueces; mientras que 292 mil 843 personas opinaron que tenían “algo de confianza”.
Ambas posturas suman un total de 382 mil 184 ciudadanos; es decir, que el 58.3 de la población encuestada confía en quienes imparten justicia, una cifra similar al tabulado nacional que es del 59.2 por ciento de confianza en los jueces.
Además de la confianza, el 61.2 por ciento de los hidalguenses consideran que el trabajo de los jueces es “muy o algo efectivo”.
Sin embargo, la confianza u opinión sobre el desempeño de los juzgadores no implica que las personas no perciban corrupción hacia estas autoridades.
De la evaluación a 21 dependencias, organismos autónomos y sindicatos que realizó el INEGI, los jueces y magistrados figuraron en la cuarta posición.
Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 reveló que de las entrevistas a 454 mil 45 hidalguenses, el 22.5 por ciento percibió corrupción en el trabajo que desempeñan los juzgadores.
Sin embargo, el listado lo encabezaron los policías, partidos políticos, ministerios públicos, las cámaras de diputados y senadores, los gobiernos municipales y estatales, e incluso, los medios de comunicación con entre el 50 y 25 por ciento de la percepción de corrupción.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de Hidalgo establece en su numeral 51 cuatro requisitos para ser jueza o juez del fuero común.
Mientras que el artículo 49 de la misma Ley indica que los juzgadores son nombrados, ratificados o en su caso removidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura.