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Con mayoría de votos, durante la madrugada de este viernes el Congreso de Hidalgo avaló la reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Los legisladores a favor fueron los integrantes de la bancada de Morena, Nueva Alianza Hidalgo (PNAH), así como del Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).
Los legisladores que votaron en contra fueron los del Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Mendoza Bustamante y Johana Montcerrat Hernández Pérez; de Acción Nacional (PAN), Claudia Lilia Luna Islas; de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Perusquía Moedano; de Movimiento Ciudadano (MC), Karla Perales Arrieta y Carlos Alejandro Alcántara Carbajal.
Para reformar la Constitución Política se requiere que al menos 17 (más de la mitad más uno) congresos estatales avalen las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores.
En su oportunidad, la diputada del PAN, Claudia Luna Islas señaló que si bien México necesita de una reforma judicial, pero no es como la que presentó el presidente López Obrador, "al vapor, sin quitar una sola coma y con foros que fueron una pérdida de tiempo".
Con el aval de Hidalgo, suman 21 entidades cuyos congresos ya han aprobado la reforma judicial: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo.
Un dato por destacar es que la legislatura de Querétaro es la única que rechazó la reforma.
Según el dictamen de la reforma que busca alcanzar el rango constitucional, los jueces, ministros y magistrados serán electos por voto directo de la ciudadanía. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los ministros disminuirán de 11 a nueve.
La reforma también busca estandarizar los sueldos que percibirán los jueces, ministros y magistrados y se precisa que no podrán ganar más que el titular de la Presidencia de la República. Mientras que los ministros solo podrán estar 12 años en el cargo y no 15.
Se considera que desaparecerá el Consejo de la Judicatura y se creará el Tribunal de Disciplina Judicial que evalúen el desempeño de dichas figuras judiciales. El organismo se integrará por cinco ciudadanos elegidos también a través del voto.
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