Diputados de Hidalgo aprobaron elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que las personas de entre 18 y 29 años que no tengan un empleo y que no estudien, reciban de manera obligatoria, un apoyo económico - de al menos un salario mínimo- durante 12 meses.
Se busca que los jóvenes puedan recibir capacitación y aumentar sus oportunidades para que accedan a un empleo formal. Para acceder al programa, los jóvenes no deberán tener un empleo, tampoco estar inscritos en algún programa educativo.
Por unanimidad, la medida fue aprobada por diputados del Congreso de Hidalgo en sesión ordinaria de este jueves, pues se destacó que la capacitación es un factor que puede impulsar el desarrollo de los jóvenes y alejarlos de actividades ilícitas.
La reforma al artículo 123 de la Constitución Política federal contempla que será obligatorio que el Estado brinde un apoyo mensual de, al menos, un salario mínimo general vigente a jóvenes de entre 18 y 29 años.
El legislador Avelino Tovar del PVEM explicó que se trata de considerar al programa Jóvenes Construyendo el Futuro como un derecho constitucional, para que no sea eliminado por cambios de gobierno o restricciones presupuestales.
Por su parte, la legisladora Mónica Reyes Martínez aseguró que desde su creación en el sexenio anterior, Construyendo el Futuro ha otorgado apoyos económicos a casi 3 millones de jóvenes y enfatizó que no es un programa asistencial o subsidio sin propósito, pues busca impulsar la inserción laboral en empresas, negocios, talleres y tiendas.
Durante la misma sesión, los diputados también avalaron reformar el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el fortalecimiento de la soberanía nacional y sancionar el tráfico ilegal de armas, así como de las sustancias dañinas.
El legislador José Luis Rodríguez Higareda expuso que en México no se debe permitir la injerencia de otros países. “No subordinarse a mandatos extranjeros y tampoco reconocer sentencias de otras naciones”.
Lo anterior se da en el marco de las expresiones de funcionarios de Estados Unidos de América y de la declaración como terroristas a grupos de la delincuencia organizada.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifestó en contra de la reforma, pues aseguraron que esto no soluciona los problemas de inseguridad que vive el país.
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