Estado

Contraloría interna emitió 32 sanciones contra funcionarios de la ASEH

Seis de cada 10 sanciones fueron por la omisión de presentar en tiempo y forma sus declaraciones.

La LGRA establece en su artículo 33 los plazos y mecanismos de registro de evolución patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal | Foto: Luis Soriano
08/05/2024 |04:30
Lorena Rosas Pérez
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Entre 2022 y 2023, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) emitió 32 sanciones en contra de sus servidores públicos, el 59 por ciento de las penalizaciones fueron por situaciones relacionadas con la falta de transparencia de las declaraciones patrimoniales.

Los datos abiertos divulgados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) muestran que durante 2022 se registraron 30 casos y dos más en el año 2023.

Entre esos dos años sumaron 32 incidentes radicados en expedientes del OIC en contra de una subdirectora, dos directivos de área y el restante, contra jefes de departamento e incluso, una sanción en contra del vigilante. Destaca que también incumplieron cinco auditores (internos) de las dependencias.

En el 59 por ciento de los casos, lo que motivó la penalización fue la omisión de presentar en tiempo y forma la declaración patrimonial inicial, la cual debe realizarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión como lo indica la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

Otros servidores públicos de la Auditoría estatal no realizaron su modificación patrimonial que se presenta en mayo de cada año; o bien, omitieron su declaración de conclusión del encargo. En total, 19 de las 32 sanciones se debieron a dichos motivos.

En nueve casos fueron por el incumplimiento al Código de Ética, dos más por no presentar acta de entrega-recepción y uno por incumplimiento de funciones.

Uno más fue por causar daños y perjuicios a la ASEH; sin embargo, la PNT no muestra detalles sobre este incidente, pero se indica que el expediente OIC/PRA/011/2021 se inició en contra de María de Lourdes Bárcena Martínez, actual titular de la Dirección de Seguimiento y Solventación, según el directorio de la Auditoría.

Las sanciones en contra de los funcionarios contemplan amonestaciones públicas y privadas, suspensiones por días, así como inhabilitaciones de 3 a 5 meses.