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Para que Hidalgo cobre el seguro catastrófico por las tormentas de junio y julio, es necesaria una declaratoria de emergencia que estará a cargo de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la administración federal.
De acuerdo con Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, los trámites se iniciaron ante la Secretaría de Gobernación (Segob), pero con posterioridad la gestión estatal fue notificada de que la instancia correcta era la Coordinación de PC.
Ante las dificultades para cobrar el seguro, reiteró que no se volverá a contratar porque la póliza es cara, la cobertura poca y se deben justificar daños por al menos 150 millones de pesos. Una alternativa, es dirigir el dinero a un fideicomiso estatal para eventos catastróficos.
Es mediante una declaratoria de emergencia cuando la Secretaría de Seguridad federal -a través de la CNPC- reconoce que uno o varios municipios necesitan auxilio por desastre natural, precisa el artículo 59 de la Ley General de Protección Civil.
IMAGEN URBANA
En otro tema, Menchaca Salazar habló sobre la aplicación de la Ley de Imagen Urbana para el Estado, una propuesta que el año pasado envió al Congreso local, se aprobó y publicó el 5 de octubre de 2023.
La normativa contempla la recuperación, mantenimiento, preservación y desarrollo del espacio público; sin embargo, a casi un año de la publicación, es necesaria la coordinación con los presidentes municipales, consideró.
Si bien, la Ley busca aumentar el turismo y espacios públicos dignos, el gobernador mencionó que es recurrente que en las entradas de los municipios existan escombros o deshuesaderos de autopartes de carros.
Por ello, destacó la importancia de eliminar lo que afecta el entorno y que los ayuntamientos acaten la normatividad de Imagen Urbana, para lo cual, tendrán apoyo del gobierno estatal mediante recursos y asesorías para ejecutar proyectos, concluyó.
El artículo 6 de la Ley precisa que los municipios tienen la facultad de ordenar el retiro de propaganda, señalamientos o cualquier tipo de obstáculo que invada la vía pública; además de autorizar o negar permisos para estructuras con fines publicitarios.
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