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Agentes de la entonces Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) torturaron física, verbal y sexualmente a una persona de la diversidad sexogenérica, quien actualmente está en la prisión de Tulancingo.
Los hechos ocurrieron en el año 2007 en contra de una víctima que se identifica como mujer, luego de que fue detenida y trasladada a las instalaciones de la PGJEH, donde recibió agresiones y fue obligada a realizar prácticas de índole sexual, como se desprende de la queja TB-0145-23.
Tras un análisis, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) detectó que la víctima presenta reacciones psicológicas que son propias de sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como lo indica el Protocolo de Estambul.
Por ello, la CDHEH emitió la recomendación TB-0007-24 en contra de la Procuraduría por hechos violatorios a la integridad y seguridad personal, así como a la protección contra toda forma de violencia.
También le ordenó investigaciones contra los individuos que violentaron a la víctima porque, aunque ya pasaron 17 años los asuntos de tortura no prescriben, informó Ana Karen Parra Bonilla, titular del organismo autónomo.
La recomendación se originó luego de que el 1 de junio de 2023, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le notificó los hechos a su homóloga estatal.
