Edgar N, diputado local del Partido del Trabajo (PT), fue vinculado a proceso por hechos que la ley señala como narcomenudeo; sin embargo, su defensa acusó vulneraciones al debido proceso.
En audiencia pública, el juez de control David Adrián Martínez Santiago consideró que existían elementos de prueba suficientes dentro de la causa penal 1535/2023 para determinar la posible participación del legislador en la venta de narcóticos.
Derivado de la resolución, del juez de control, Edgar N continuará recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca mientras se desarrollan las investigaciones; pero esto no implica que sea culpable del delito que le imputan, al menos que la autoridad jurisdiccional indique lo contrario.
Durante audiencia pública, la defensa de Edgar N, encabezada por Roberto Ramírez González, enunció una serie de irregularidades por parte de los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) que participaron en el cateo donde se hallaron sustancias con características de mariguana y metanfetaminas.
El defensor acusó que dos policías estatales fueron designados para resguardar el perímetro de la vivienda cateada; sin embargo, estos mismos también firmaron como testigos del cateo.
Señaló que no existe un orden cronológico en el dictamen de los policías de investigación de la Procuraduría, debido a que consignaron que a las 6:55 concluyó la revisión en la casa situada en Ixmiquilpan y para las 6:59 indicaron que ya estaban en Pachuca.
La defensa de Edgar N, consideró durante la audiencia que el hecho de que no se presentara nadie era un abuso de autoridad y pidió al juez aplicar el apercibimiento de una multa de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), también que los mandara a llamar ya no por citarlos, sino con la fuerza pública; también advirtió que los trabajadores de la PGJEH podrían estar incurriendo en desacato judicial por no asistir.
De igual manera, agregó que no se presentaron 11 testigos, todos participantes del cateo del pasado 21 de septiembre, situación que consideró, vulneró los derechos de su representado porque no fue posible cuestionarles cómo se llevó a cabo la revisión.