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Durante la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Hidalgo, legisladores aprobaron el dictamen que reforma el artículo 114 de la Ley Orgánica Municipal de la entidad para que los funcionarios públicos municipales hagan un uso correcto del cargo y se profesionalicen.
Para lograrlo, la diputada Elvia Sierra Vite explicó que se requiere de la profesionalización de los servidores públicos para que puedan realizar sus funciones con un mayor nivel de eficiencia, eficacia y efectividad.
Por otra parte, los integrantes de la 65 legislatura también aprobaron el dictamen que aprueba la iniciativa para adicionar fracciones al artículo 119 de la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de promover y fomentar medidas para la recopilación de información sobre la administración de los panteones municipales.
Indicaron que se busca conocer la capacidad y mantenimiento de los cementerios, así como el manejo que se da a los restos de personas que perdieron la vida.
Asimismo, las diferentes fracciones aprobaron por unanimidad la iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley Integral para las personas con discapacidad en la entidad, con la que se busca eliminar todo tipo de discriminación por características sexuales, orientación sexual, identidad o expresión de género.
En su oportunidad, la legisladora Rocío Sosa Jiménez, presentó la propuesta para adicionar fracciones al artículo 145 con el objetivo de mejorar la prevención y atención de las adicciones.
Señaló que se tienen que desarrollar e implementar estrategias integrales para garantizar la suficiencia, formación y profesionalización del personal que se dedica al tratamiento de adicciones.
“Se tiene que dar bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos humanos y de género, además de incentivar la participación ciudadana en la erradicación de este problema de salud”, refirió Sosa Jiménez.
Durante la misma sesión, los diputados aprobaron el dictamen que reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, con el objetivo de que el personal que labora en las instancias de administración y procuración de justicia ubicadas en pueblos y comunidades indígenas sea prioritario, y destacaron que además del español se debe hablar la lengua originaria del lugar donde se encuentren para entenderlos y generar una justicia pronta y expedita.
