A solicitud de la diputada Lizbeth Ordaz Islas solicitó, con carácter de urgente, diputados del Congreso de Hidalgo aprobaron tres minutas más para reformar la Constitución sobre prisión preventiva oficiosa, seguridad pública y para eliminar organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Con señalamientos de diputados de oposición sobre la rapidez en presentarla al pleno para su aprobación, la reforma sobre prisión preventiva oficiosa fue avalada con 23 votos y cinco votos en contra de los legisladores del Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).
La reforma planteada por el Ejecutivo Federal contempla incluir a los delitos de extorsión, uso de sustancias químicas, drogas sintéticas y fentanilo. También se contemplan como delitos graves que vayan en contra de la seguridad de la nación, de la salud y en contra de la hacienda pública, para que las personas sean enviadas a prisión de manera automática.
Los legisladores de Morena, Nueva Alianza Hidalgo, Partido del Trabajo (PT) y PRD también aprobaron la reforma para eliminar el artículo 123 de la Constitución para eliminar siete organismos autónomos, entre ellos el INAI, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), IFT, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos y de Mejora Continua de la Educación.
La diputada Karla Perales Arrieta de MC indicó que con la eliminación del INAI se pierde la imparcialidad entre poderes, mientras que se debilita la democracia porque no habrá organismos que supervisen y evalúen las acciones del gobierno.
Mientras por unanimidad aprobaron la reforma que contempla dar más atribuciones a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). La diputada Juana Olivia Alarcón señaló que se darán instrumentos jurídicos en la investigación.
Se indicó que la SSPC tendrá facultades para investigar con coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de delitos y cumplimiento de órdenes de aprehensión.
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