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Diputados locales integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso local rasuraron diferentes puntos a la reforma a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo de Hidalgo, entre ellos obligaciones del gobierno estatal para garantizar su funcionamiento.
De acuerdo con información de los dos dictámenes en posesión de EL UNIVERSAL HIDALGO, el aprobado en enero pasado y el que se pretendía votar en la sesión del miércoles, se suprimió la obligatoriedad para que el gobernador en turno garantice los requerimientos técnicos, presupuestales y humanos para la aplicación de la normatividad.
Quitaron tres espacios en la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas y Colaboradoras Periodísticas; dos eran para representantes de personas activistas, y además se omitió el principio de paridad de género para su integración.
También suprimieron la atribución del Consejo Consultivo de gestionar los recursos necesarios para el cumplimiento de su creación.
En el orden del día de este miércoles, los diputados integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales agregaron el dictamen para su votación, pero después lo bajaron sin que explicaran los motivos.
En enero de este año, el diputado suplente Roberto Rico señaló a sus compañeros de omitir la aprobación del dictamen que dejó hecho en agosto de 2022, el cual se conformó por una propuesta y se complementó con foros a los que habrían asistido periodistas y activistas que participaron en foros realizados en la sede del Congreso y en las regiones de la entidad.
