Más Información
Con la finalidad de cuidar la integridad de las personas usuarias y mejorar la calidad del servicio, la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), a través de su organismo sectorizado, el Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), impulsa un programa permanente de operativos de vigilancia y supervisión en los municipios del estado.
En los primeros días de enero del año en curso se apercibió a transportistas, mientras que, a partir del 18 y hasta el 31, se llevaron a cabo 20 operativos de vigilancia y supervisión en los municipios de Pachuca de Soto, Mineral de la Reforma, Tulancingo de Bravo, Villa de Tezontepec, Zempoala, Cuautepec de Hinojosa, Tepeapulco, Tlaxcoapan, Francisco I. Madero, Progreso de Obregón, Alfajayucan y Huejutla de Reyes.
Todo ello con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la Ley de Movilidad y Transporte, así como su reglamento, para que las personas operadoras, concesionarias y permisionarias del transporte brinden cabal cumplimiento a sus obligaciones conforme a la normativa vigente.
Asimismo, como resultado de esta estrategia, se identificó un alto porcentaje de unidades del servicio de transporte público, tanto colectivo como individual, fuera de vigencia y con placas extemporáneas, además de un alto índice de personas operadoras que no cubren con los requisitos de ley para desempeñarse como tales.
La intervención a más de 439 unidades derivó en el levantamiento de 187 boletas de infracción y la remisión al corralón de 21 vehículos. Entre las principales causas de infracción se encontraron vidrios polarizados, alteraciones en las luces, malas condiciones físico-mecánicas, uso de cromáticas no autorizadas, póliza vencida o falta total del seguro obligatorio.
Respecto a las sanciones a las personas operadoras del transporte, estas fueron levantadas por prestar el servicio con sobrecupo, exhibir mensajes misóginos, realizar maniobras imprudentes o peligrosas, hacer “base” en lugares no autorizados y falta del tarjetón o licencia que los facultara para la operación de las unidades del transporte público.
De las 21 unidades remitidas al corralón, se debieron principalmente a la prestación del servicio fuera de jurisdicción o ruta, ausencia de alguna de las placas de circulación, unidades fuera del periodo de vigencia que marca la ley o por irregularidades graves en la concesión respectiva.
De esta manera, la secretaría encabezada por Lyzbeth Robles Gutiérrez seguirá implementando estos operativos de manera permanente en las ocho coordinaciones regionales con la finalidad de vigilar la correcta prestación del servicio y sancionar a las personas concesionarias y operadoras que no cumplan con sus obligaciones. Con estas acciones se contribuye a la disminución de accidentes y a garantizar que la ciudadanía disponga de un servicio digno, eficiente y seguro.
