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La empresa VAQPA que sostuvo contratos con el sexenio pasado y que ya fue vetada del Padrón de Proveedores y Contratistas estatal, promovió un amparo en contra de un procedimiento administrativo de fiscalización que le inició la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).
De acuerdo con el expediente 791/2024 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito perteneciente al Poder Judicial de la Federación (PJF), el Corporativo para el Desarrollo de Negocios VAQPA se quejó por los requerimientos realizados a través de oficio.
En ese documento, la Auditoría desestimó los argumentos e información proporcionados por la empresa; sin embargo, la autoridad federal indicó que el oficio en mención no causa perjuicio al Corporativo, al menos, hasta que el órgano fiscalizador emita una resolución definitiva.
La empresa VAQPA brinda servicios de consultoría y asesoría, así como servicios profesionales de acompañamiento en la creación o reforma de manuales de organización y procedimientos.
En el año 2020 recibió un contrato del gobierno estatal por 36 millones 500 mil pesos porque la Contraloría de Hidalgo, que es una de las dependencias involucradas en el esquema de corrupción de la Estafa Siniestra, le pidió realizar los manuales de organización de todas las secretarías del gobierno de Hidalgo.
También le solicitó asesoría en la instalación de los comités de control, desempeño institucional, ética y prevención de conflicto de interés en las dependencias que conforman la administración pública; incluyendo a los organismos autónomos sectorizados y universidades.
Sin embargo, para agosto de 2023, el actual sexenio sancionó a la compañía VAQPA con una inhabilitación de cinco años del Padrón de Proveedores y Contratistas.
