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Las empresas castigadas o vetadas del padrón de proveedores estatal han promovido juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para quejarse por la sanción, informó Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría en Hidalgo.
Entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, 540 contratistas de la rama de la construcción causaron baja del padrón de la administración pública del estado.
La eliminación se dio luego de la revisión a la obra pública de los últimos seis años para detectar algún tipo de irregularidad, explicó el contralor, quien detalló que entre los principales hallazgos fue que no había actas de entrega-recepción.
Agregó que la Contraloría otorgó a los constructores un plazo para aclarar los señalamientos o concluir las obras; sin embargo, algunos no cumplieron o terminaron una construcción, pero sin la calidad requerida, factores que propiciaron la eliminación de los 540.
Adicional a estos contratistas, Bardales Ramírez indicó que se prevé una segunda fase de depuración, pero esta vez de proveedores, los cuales hasta el momento suman 500 que tienen algún tipo de irregularidad y en próximas fechas serán dadas de baja.
El contralor recordó que las sanciones van desde la eliminación de las empresas del padrón, así como la inhabilitación hasta por seis años y en caso de que se trate de un posible desvío de recursos el inicio de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).
En el caso de la implicación de la cancelación en el registro de proveedores es para que la administración pública no las pueda volver a contratar, por ello, Bardales Ramírez indicó que la depuración implica los juicios de amparo.
