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En el último año, la Procuraduría estatal inició 527 carpetas de investigación por delitos que cometieron servidores públicos de Hidalgo en 60 de los 84 municipios que conforman la entidad.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan un incremento del 4 por ciento en estos asuntos.
De enero a diciembre de 2024 se detectaron los casos enunciados, pero durante 2023 la cifra fue de 507, lo que significa una diferencia de 20 casos entre los periodos comparados.
Estos delitos ocurren cuando los funcionarios no ajustan sus actos a lo establecido en las leyes, toda vez que el “servicio público debe realizarse en forma honesta, anteponiendo el interés público al interés particular”.
Así lo indica el Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas del SESNSP, mismo que detalla que los ilícitos en mención incluyen actos contra la administración y/o procuración de justicia. También desaparición forzada de personas y tortura.
Las cifras por municipios muestran que la incidencia de estos delitos se concentró en 12 lugares, siendo estos: Pachuca con 153 casos; Mineral de la Reforma, 30; Ixmiquilpan, 29; Tizayuca, 26; Tulancingo, 26 y Actopan, 21.
Mientras que Tula acumuló 21; Atotonilco el Grande, 18; Huichapan, 18; Tepeji del Río, 15; Tlaxcoapan, 11 y Mixquiahuala de Juárez,10.
Estos delitos fueron los más cometidos durante 2024 después de las amenazas y el narcomenudeo, con 3 mil 218 y 635 casos, respectivamente. Después le sigue el allanamiento de morada (240) y los electores (198). Dichas conductas están dentro de la clasificación que el SESNSP contempla en sus informes mensuales como “delitos contra otros bienes jurídicos afectados”.
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