El 28 de mayo de este año, concluye la inhabilitación que la Secretaría de Contraloría le fijó a Sergio I.O., exdirector de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH), quien también fue declarado culpable por distraer más de 242 millones de pesos durante el año 2012.
La resolución de inhabilitación en contra del exfuncionario estatal que laboró en el sexenio del exgobernador José Francisco Olvera Ruíz se encuentra dentro del expediente DGR/004/2016 ante la falta de la aplicación a la normatividad en materia de licitaciones.
Por estos hechos, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, que depende de la Contraloría estatal, inhabilitó por seis años y seis meses al extitular de Radio y Televisión.
Lo anterior indica que no podría ejercer cargos en el servicio público del 28 de noviembre de 2018 y hasta el 28 de mayo de 2025. Además, la Contraloría de Hidalgo lo sancionó con una cantidad económica de un millón 797 mil 683.30 pesos.
Aunque a Sergio I.O. le falta poco más de un mes para que se termine la inhabilitación en su contra, actualmente enfrenta una condena de 10 años con tres meses en el Cereso de Pachuca por un desvío de 242 millones 491 mil 793 pesos.
Fue a finales de junio de 2024 cuando los jueces Hibels José Luis Crespo García, Oscar Barrones Castillo y Miguel Ángel Galindo Nájera, dieron un fallo condenatorio por unanimidad de votos en contra del exdirectivo como parte del juicio oral 33/2018.
El Tribunal resolvió que Sergio I.O. subcontrató indebidamente a las empresas fantasma Grip Forum, Double Click y la persona física Gilberto Solís. La contratación con estas compañías sería para cumplir con 10 contratos que había firmado con dependencias federales: cuatro con la Secretaría de Salud, dos con Pemex, dos con la Secretaría de Desarrollo Social, uno con la Comisión Federal de Electricidad y otra con FOVISSSTE, pero que no se entregaron los productos finales.
Tras investigaciones, se informó que las tres empresas subcontratadas no dieron los servicios porque no tenían la capacidad técnica, carecían de personal y sus domicilios fiscales no existían. Por ello se concluyó que solo fueron utilizadas como para distraer los más de 242 millones de pesos; es decir, hubo una triangulación de recursos para desviarlos.
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