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Desde el inicio de la actual administración se han presentado al menos 71 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) por diferentes ilícitos, de las cuales 42 fueron por desvíos de recursos públicos que ascienden a un monto de 2 mil 200 millones de pesos.
Durante comparecencia ante legisladores del Congreso de Hidalgo, Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de Contraloría señaló que las denuncias se presentaron contra proveedores y exfuncionarios de siete dependencias estatales, tres organismos descentralizados y 10 municipios de la administración anterior, entre ellos Tepeji del Río con ocho denuncias; Tlaxcoapan, siete; Atotonilco de Tula, dos y Atitalaquia una.
El secretario señaló que luego de revisar las actas de entrega-recepción, se detectaron irregularidades en obras públicas, por lo que se presentaron 16 denuncias ante la PGJEH por mala ejecución de obras en 10 ayuntamientos, principalmente en obras carreteras y de infraestructura hídrica; el daño al erario se estima en al menos 118 millones de pesos.
“Y actualmente se colabora con otros 10 municipios con administraciones actuales para la integración de la investigación y poder presentar más denuncias. Esto sumaría 20 alcaldías con irregularidades en la administración anterior que representan el 24 por ciento de los 84 ayuntamientos”, explicó el contralor estatal.
De los 2 mil 200 millones de pesos de daño al erario por desvíos y otros delitos, Álvaro Bardales expuso ante los legisladores, que se lograron recuperar apenas 194 millones de pesos, pero se prevé que la cantidad aumente en tanto la PGJEH avance con las investigaciones.
Bardales Ramírez aseveró que en la actual administración del gobernador Julio Menchaca se detectaron dos casos donde personas cobraban en dos nóminas diferentes; mientras que también hubo una incidencia de usurpación de funciones, pero se negó a brindar más detalles. “Alguien que se ostentaba como director general de una secretaría, pero no tenía nombramiento que lo avalara”, dijo.
“El combate a la corrupción en real pero también hay posibilidades de mejorar para que no regrese el régimen de corrupción, impunidad y de privilegios”, aseguró el funcionario estatal.
Durante el informe de la Secretaría de Contraloría, Bardales Ramírez destacó que en este segundo año se incrementó el cumplimiento en la entrega de las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos, pues cumplieron 82 mil 828 personas y sólo 300 incumplieron con dicha obligación.
