En México hay una impunidad muy grave en materia ambiental y en lo relacionado al tráfico de animales silvestres, pues de cada 100 denuncias, sólo se resuelve el 0.1 por ciento debido a los altos niveles de corrupción que imperan nuestro país e Hidalgo no es la excepción, señalaron activistas de la asociación Biofutura.
Jonathan Job Morales y Ángel Daen Morales García indicaron que las irregularidades se presentan en denuncias de tipo penal ambiental, administrativa e incluso las de tipo constitucional, pues actualmente la Ley permite el aprovechamiento de la vida silvestre.
“El aprovechamiento debe ser sustentable, pero en México no es así, hay zoológicos que no deberían operar porque no tienen los documentos que acreditan la legal procedencia de los animales y eso es tráfico de vida silvestre”, dijo Jonathan Morales.
Señalaron que otro de los problemas para evitar el tráfico de animales es que en los organismos gubernamentales hay deficiencias administrativas por no contar con personal capacitado para la protección de la vida silvestre, pero también persiste la falta de recursos para su operación.
En el caso de Hidalgo, Morales García señaló que el zoológico Tuzoofari, el de Tulancingo y el ubicado Ixmiquilpan, hay prácticas que ponen en riesgo la vida de los animales, pues se exponen para que la población los pueda conocer, pero “los drogan para que las personas puedan darles beso o tomarse una foto”, denunció.
Por su parte, Ángel Morales refirió que en Ixmiquilpan se reportó la pérdida de diferentes especies y ante el cuestionamiento a los encargados del lugar, se explicó que sí sabían del paradero de animales extraviados.
En entrevista expusieron que se ha vuelto frecuente que personas asociadas con la delincuencia tienen en su posesión a tigres e incluso jaguares, especies que están protegidos desde 1987 para que nadie los pueda tener en sus hogares e incluso en los mismos zoológicos.
En municipios de la entidad, se popularizan videos donde se les observa a los animales caminando incluso por las calles o cuando se escapan y buscan resguardo en espacios para estar protegidos.
En su oportunidad, la diputada Erika Rodríguez Hernández, desde el Congreso local exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnath) y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que realicen un estudio sobre las violaciones a la legislación ambiental por parte de los zoológicos.
La legisladora propuso aplicar sanciones por tráfico de vida silvestre, por no acreditar la legal procedencia, así como por maltrato animal e incluso considerar la revocación de autorizaciones, licencias o permisos asociados a la fauna silvestre.
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