Cuando hay falta de observancia a la ley, se aplica de manera injusta o existe impunidad, se debilita la confianza en el sistema jurídico, lo que a su vez se convierte en un terreno fértil para la corrupción, expuso Lilia Mónica López Benítez.
La consejera de la Judicatura Federal (CJF), refirió que una de las funciones más sensibles de los servidores públicos es la defensa y promoción de un Estado constitucional.
Durante el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que se llevó a cabo desde la ciudad de Pachuca, la consejera de la Judicatura Federal evocó que los gobernantes no deben olvidar que sus acciones deben coincidir con lo que indican las leyes, tras indicar que “nadie puede pretender para sí o para alguien más, el odioso privilegio de estar por encima de la ley”.
Agregó que los actos y omisiones que fomentan la inseguridad e injusticia son provocados, en muchos casos, por conductas de autoridades o particulares que consideran que el cumplimiento del derecho es optativo, así es que se asumen exentos de su cumplimiento; o bien, creen que pueden burlar y evadir las consecuencias.
En el caso de las personas juzgadoras, López Benítez explicó que les corresponde la función de impartir justicia; es decir, aplicar las normas jurídicas a través de las interpretaciones que respeten los principios establecidos en la Constitución.
Puntualizó que, a todas las autoridades desde el ámbito de sus atribuciones, les corresponde la responsabilidad de velar por el respeto a la Constitución y las leyes que de ella emanan. Así como garantizar que su observancia y que su cumplimiento sea inquebrantable.
El Encuentro Nacional se desarrolló en Pachuca es el séptimo de 14 que se realiza a nivel regional que se desplegarán para la construcción participativa de una agenda de seguridad y justicia en el país.