El Instituto de Transparencia de Hidalgo es de los organismos estatales que más emitió resoluciones en el país; sin embargo, en 9 de cada 10 asuntos dictó incompetencia.
Así se desprende del Censo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) que recién publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y con datos de 2022, emitió los resultados.
Las numerarias destacan que sólo cuatro estados de la República emitieron más de 100 resoluciones. En primer lugar, se encuentra Tlaxcala con 817; en la segunda posición, Hidalgo con un total de 467, le sigue el Estado de México con 404, y Puebla emitió 203.
Sin embargo, en el caso de la entidad hidalguense, en el 98.7 por ciento del total de resoluciones, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales (ITAIH) determinó incompetencia.
Lo anterior significa que, en 461 de los 467 casos, los datos solicitados no los tenía la autoridad porque no es parte de sus atribuciones. Con este valor, Hidalgo se posicionó como el estado que más emitió esta determinación como respuesta a los ciudadanos que solicitaron información.
En el 0.9 por ciento de los casos que equivalen a cuatro, se clasificó la información como reservada lo que significa que fue restringida temporalmente al acceso del público por considerarse dentro de las hipótesis que señala el artículo 113 de la Ley General, como comprometer la seguridad nacional, obstruir la persecución de delitos, entre otros.
La información se catalogó como confidencial en el 0.2 por ciento porque se trataba de datos personales; al secreto bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal o bursátil. Mientras que en el 0.2 por ciento restante, el ITAIH determinó ampliar los plazos para la emisión de una respuesta.
Respecto al Instituto de Transparencia de Hidalgo es importante recordar que en la primera semana de abril el Congreso de Hidalgo aprobó disminuir de cinco a tres comisionados, esto como parte de una iniciativa que envió el gobernador Julio Menchaca Salazar para reducir el número de integrantes del organismo autónomo, lo que a su vez significará un ahorro anual de 1.2 millones de pesos en el pago de salarios y prestaciones.