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Los alcaldes de Tulancingo, Progreso de Obregón, La Misión, Zimapán, Santiago Tulantepec y otros cuatro, fueron multados por el El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) por no transparentar la información.
El Consejo General del ITAIH aprobó en sesión ordinaria imponer la medida de apremio consistente en una multa de 150 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que este año tiene un valor de 108.57 pesos. En total las sanciones económicas fueron de 16 mil 285.50 pesos para cada alcalde.
Los servidores públicos que incumplieron con sus obligaciones de transparencia y fueron multados son: Javier Santillán Melo, presidente municipal de Huehuetla; Ernestino Melo Díaz, Lolotla; Armando Mera Olguín, alcalde con licencia de Progreso de Obregón; Saúl García Ordoñez, Tlanalapa; Jorge Márquez Alvarado, Tulancingo; Zenón Navarro Morales, Yahualica; Alan Jesús Rivera Villanueva, Zimapán; Margarita Ramos Villeda, La Misión; y Dante Cárdenas Flores, de Santiago Tulantepec.
Edwin Faustino Martínez Basilio, secretario ejecutivo, dio lectura al asunto y explicó que las sanciones derivaron de los resultados de la verificación que realizó la Dirección de Transparencia y Verificación del ITAIH a 12 sujetos obligados que tuvieron amonestación pública en el primer semestre de 2023.
Indicó que se les concedió un plazo de 5 días a partir de la notificación a las unidades de transparencia de los municipios, encargados de subir a las diferentes plataformas la información pública, para solventar las observaciones realizadas por el organismo autónomo y se les notificó a los presidentes municipales que en caso de no cumplir serían multados. No obstante, solo Huazalingo, Jacala y Tepetitlán atendieron los señalamientos por incumplimientos.
Por lo que el Consejo General del ITAIH aprobó la imposición de las multas a los alcaldes y ordenó dar vista a los Órganos Internos de Control (OIC) de los municipios para que inicie los procedimientos en contra de los funcionarios responsables de las omisiones con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
