Estado

Más de la mitad de los municipios ignoraron recomendación de Derechos Humanos

Desde el 31 de marzo de 2023, la CDHEH emitió una recomendación para mejorar las barandillas de los 84 ayuntamientos de Hidalgo.

El documento de seguimiento tiene antecedente en la recomendación RG-0002-23 que el 31 de marzo de 2023 emitió Derechos Humanos a los 84 ayuntamientos de Hidalgo | Imagen ilustrativa
03/01/2024 |18:08
Lorena Rosas Pérez
ReporteraVer perfil

El 67 por ciento de los municipios hidalguenses ignoró la recomendación que emitió hace 10 meses la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) respecto al mejoramiento de sus barandillas para brindar condiciones seguras y humanas en las detenciones.

A casi un año de la emisión de la resolución RG-0002-23, el organismo autónomo realizó un informe de seguimiento para verificar el avance; sin embargo, solo el 26 por ciento de los ayuntamientos cumplieron y el 7 por ciento logró un avance mínimo.

La CDHEH ordenó a los municipios colocar señalética para hombres, mujeres y personas no binarias; así como colchonetas y cobijas en condiciones óptimas, tazas de baño y lavamanos con agua potable, energía eléctrica, ventilación y sistema de circuito cerrado (videocámaras) entre otros puntos.

El municipio de Tianguistengo figuró como el peor calificado porque incumplió 23 puntos recomendatorios; Eloxochitlán, 19; mientras que en el listado de municipios con al menos 18 deficiencias se encontró con Agua Blanca, Emiliano Zapata, Metepec, Tlanalapa y Xochiatipan.

El municipio de Francisco I. Madero ni siquiera respondió la recomendación. Durante el diagnóstico argumentó la construcción de una nueva dirección de Seguridad Pública y que la barandilla la habilitó un espacio provisional en un centro de salud.

El organismo autónomo puntualizó que el incumplimiento del 67 por ciento se traduce en una “transgresión sistemática de los deberes inherentes al Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

En su diagnóstico, la CDHEH también consideró que la alta incidencia de no cumplimiento “sugiere desafíos estructurales y posiblemente una falta de recursos o capacitación adecuada”.