La declaración patrimonial y de intereses es una obligación con la que incumplieron 304 servidores públicos del Poder Ejecutivo de Hidalgo.
El informe anual de resultados establece que el 99 por ciento de los colaboradores del gobierno sí la realizaron; es decir, un total de 82 mil 828 personas.
Sin embargo, no ocurrió lo mismo con 304 funcionarios pertenecientes a las secretarías estatales de Educación, Salud y Seguridad Pública.
De acuerdo con Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Contraloría, las sanciones pueden alcanzar hasta cuatro meses de inhabilitación, y se les incorpora al Registro Estatal de Sancionados durante el periodo de que se les instruya.
Así es que, ante las posibles penalizaciones, 96 personas de las 304 incumplidas declararon su patrimonio en junio; es decir, fuera de tiempo porque el plazo concluyó en mayo.
Lo anterior significa que faltan más de 200 funcionarios que tendrán que justificar el motivo del incumplimiento; de lo contrario, las sanciones se aplicarían a partir de este mes.
Respecto a los años anteriores, en 2023, el contralor informó que sí se detectaron evoluciones patrimoniales irregulares, pero no especificó el número de casos.
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