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Continúa el movimiento estudiantil del Instituto de Artes (IDA) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), con 80 por ciento del alumnado del IDA.
Agrupados en el colectivo Rebel-Arte, voceros del movimiento informan sobre la reformulación del pliego petitorio, por dos puntos cumplidos con la renuncia de María Teresa Paulín Ríos y de Esteban Rodríguez Dávila, y la inclusión de nuevos puntos para corto, mediano y largo plazo.
Las autoridades de la UAEH, sin embargo, pretenden romper el paro obligando a los alumnos a tomar clases en Prepa 3, Prepa 1, Ceuni e instalaciones de Abasolo, en salones inadecuados que no cubren las necesidades básicas para el estudio de las artes.
Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas
Este nuevo pliego se entregará en la mesa de diálogo. Las peticiones no negociables incluyen la destitución y veto de cualquier cargo académico al subdirector administrativo del IDA, Jorge Soto Martínez, como uno de los principales agresores en la represión del 19 de septiembre.
Los voceros comentan que Elsa Ángeles, como defensora universitaria sólo quiere limitarse a orientar y acompañar a víctimas, dentro de la jurisdicción universitaria.
Así que rompió los acuerdos ya firmados argumentando la ausencia del rector y dijo que lo que pasaba en la universidad se quedaba en la universidad. También declaró a los alumnos del IDA que no se sentaría frente al gobernador porque no iba a poner en juego la autonomía por problemas de un instituto.
Entonces, se preguntan los voceros, ¿qué pasa cuando reprimen, como el 19 de septiembre de 2023 en Abasolo? Cuando hay acosos se revictimiza a la denunciante, culpándola de originar el problema, exponiéndola ante el victimario o removiendo a éste cuando el problema se agrava o en caso extremo turnándolo al Jurídico. Ejemplifican con casos de presión laboral, hostigamiento o el asesinato de un aspirante de propedéutico.
El 13 de agosto de 2022 desairaron al presidente de la sociedad de alumnos organizando una antifiesta, la respuesta fue una golpiza, y tras el encierro ilegal el Jurídico de la UAEH gestionó la liberación a condición de que nada de lo ocurrido se divulgara.
Autonomía no es impunidad
Los portavoces señalan que su movimiento supera el ámbito local. Porque expresa la necesidad de reformar las leyes orgánicas de todas las universidades públicas de México, hechas no para beneficio de alumnos y profesores sino para el control y la permanencia en el poder de los rectores y sus grupos.
Los acusan de transgredir, con su movimiento y peticiones la autonomía universitaria, pero cuestionan, ¿hay autonomía universitaria si se reprime la libre manifestación de estudiantes y docentes? La autonomía, dicen, es de los Sosa y de quienes usan a la universidad para hacer política. Lidia García, por ejemplo, es al mismo tiempo diputada por Morena y presidenta del Patronato Universitario. Se engaña a los alumnos diciéndoles que irán a prácticas de campo cuando en realidad los llevan a mítines políticos, como cuando vino Adán Augusto López. Por cierto, agregan, en un acto universitario el rector agradeció a éste su gestión como secretario de Gobernación para la prisión domiciliaria de Gerardo Sosa.
Relatan que cuando la UAEH estaba con Morena, la imagen corporativa y las instalaciones eran de color guida.
Ahora está con Movimiento Ciudadano, porque rompieron con Morena y tiene un mes que cambiaron a color naranja la papelería. La Prepa 2 estaba pintada de plateado, luego, como Damián Sosa se metió al PAN, la pintaron de azul. Eso es politizar a la universidad, condicionar la expresión y el pensamiento, aseguran.
Los acusan de transgredir la autonomía porque terminaron aceptando la propuesta del rector, Octavio Castillo Acosta, de invitar al gobernador Julio Menchaca como mediador.
El gobernador accedió, pero ya con fecha y hora fijadas el rector puso las condiciones de que el diálogo no fuera público y que estuviera gente nombrada por él, aun cuando a los representantes estudiantiles del IDA los avalaban las firmas de más del 50 por ciento de alumnos, como hizo ver el gobernador, a quien dejaron plantado porque sólo la parte estudiantil acudió. El gobernador sigue dispuesto a mediar, siempre que lo oficialice el rector, precisan.
¿Por qué un amparo?
Para proteger al 80 por ciento de alumnos que se niegan a volver a clases sin que antes se resuelva su pliego petitorio y que corren el riesgo de ser dado de baja, se metió un amparo indirecto ante la Suprema Corte de Justicia por la violación de derechos como la libre manifestación, la educación superior y otros.
Es el primer amparo contra la universidad en Hidalgo, porque las autoridades universitarias han violado sistemáticamente la autonomía. Pero además abre muchas puertas para que los profesores puedan hacer denuncias. Porque los docentes están a favor de los estudiantes, saben que la lucha es justa y hay una relación afectiva amén de académica. En reuniones con los docentes de confianza y con coordinadores de cada área estaban llegando a acuerdos sobre la recalendarización, las formas del reinicio de labores, los protocolos para las calificaciones, pero como se metió el amparo las autoridades universitarias dispusieron un regreso abrupto a clases para negar la suspensión de clases.
Entonces los profesores y coordinadores que estaban atendiendo y apoyando dejaron de hacerlo, pero los alumnos entienden que lo hacen para conservar su empleo, porque la universidad obliga a firmar su renuncia a los profesores que no están sindicalizados antes de contratarlos. Con el amparo, ellos también podrían acudir a instancias de justicia laboral no universitarias, aunque el hostigamiento y la presión ocurran dentro de la universidad, y explican que al haber presión se afecta la cátedra y la libertad de pensamiento. Contra lo que alega la parte de la rectoría, lo que se busca es una verdadera autonomía universitaria, concluyen.
