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Gabriel Ricardo Quadrí de la Torre, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), exigió al gobierno federal realice una auditoría ambiental pública a la refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula, la suspensión de actividades mientras no exista un plan y un programa de inversión para resolver los problemas de contaminación y si esto es imposible su liquidación o su venta al sector privado.
Tras realizar un cierre simbólico de la planta, refirió que en la planta se refinan alrededor de 200 mil barriles de petróleo al día, que contienen, dijo, un alto contenido de azufre. Lo cual, señaló, la convierte en una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de azufre con 50 mil toneladas al año y partículas inhalables PM2.5 con 5 mil toneladas.
“Es una refinería que carece de planes ambientales, de infraestructura y de equipamiento ambiental adecuado para minimizar o evitar el daño que le están haciendo a la población”, mencionó.
Gabriel Quadrí indicó que las emisiones contaminantes provocan “una gran cantidad” de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, cáncer en los pulmones, así como demencia y síntomas similares al alzheimer. Lo cual, aseguró, está demostrado con estudios científicos.
También señaló que la refinería trabaja al 50 por ciento de su capacidad, lo que representa pérdidas de 32 dólares por barril y de 120 millones de pesos diarios por su operación.
“No podemos tolerar pérdidas, no podemos tolerar el desfalco, no podemos tolerar el gran fraude al erario que representa el funcionamiento de esta refinería y mucho menos los impactos a la salud”, expresó.
Por lo que exigió al gobierno federal una auditoría ambiental pública con participación del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras universidades, para conocer a detalle las emisiones contaminantes que genera la refinería.
También pidió la suspensión de actividades de la planta en tanto no se cuenta con inventario de contaminantes y mientras no exista un programa de rehabilitación, de inversión en equipamiento necesario para evitar las emisiones de dióxido de azufre y de partículas inhalables tóxicas PM2.5.
Además, en caso de no ser rentable la operación de la refinería, que sea liquidada y cerrada, o al sector privado para que la puedan operar de manera limpia y eficiente.
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