Por adeudos fiscales, irregularidades administrativas o ventas anormales que se realizaron en el sexenio pasado, fueron recuperados 300 inmuebles cuyo avaluó equivale a 106 millones de pesos.
Así lo informó Edgar Orlando Ángeles Pérez, titular de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo de Hidalgo, quien destacó que se realiza una revisión exhaustiva de los inmuebles bajo resguardo de la administración estatal.
Entre sus atribuciones, la Oficialía se encarga de regular la administración de los bienes muebles e inmuebles, así como ejercer el derecho de reversión, según especifican las fracciones X y XII del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado.
En entrevista, el oficial mayor indicó que desde septiembre de 2022 y hasta el momento, se realiza una revisión a los mil 500 inmuebles patrimonio del gobierno estatal debido a que el sexenio 2016-2022 donó y vendió algunos.
En el caso de los que se vendieron y ya tienen otro dueño, explicó que no son susceptibles de recuperación siempre y cuando cumplan con la finalidad para la cual se les fue otorgada.
Sin embargo, señaló que continúa el análisis del estatus legal de los inmuebles, pero no hay una fecha específica de conclusión porque se revisa cada predio para el deslinde de responsabilidades.
Ángeles Pérez especificó que, en 2022, durante la transición, la Oficialía recibió un patrimonio equivalente a 55 mil millones de pesos, cifra que al corte de febrero de 2024 incrementó a 61 mil millones debido a avalúos actualizados, modificaciones en la infraestructura, recuperación de inmuebles o donaciones que recibieron.
Respecto a los predios recuperados explicó que van desde edificios hasta terrenos ya lotificados que obtuvieron de regreso principalmente por adeudos fiscales con el estado y otros por irregularidades administrativas; o bien, por no contar con el debido proceso de venta.
De acuerdo con el oficial Mayor, aún se analiza el uso que se otorgará a los espacios recuperados, debido a que se requieren de inversión para las adecuaciones. Los principales se sitúan en Pachuca, Tulancingo y otros municipios.
“Cada uno de los inmuebles sigue un proceso de revisión muy puntual para establecer que se hayan otorgado de manera adecuada y que cumplan con cada uno de los objetivos para los cuales fueron previstos”, mencionó Ángeles Pérez.