Un total de 11 testigos que participaron en el cateo en el que fue detenido Edgar N, diputado local de Ixmiquilpan imputado por narcomenudeo, no se presentaron a los juzgados a pesar de que un juez de control ordenó su comparecencia, los apercibió con multas e incluso, el uso de la fuerza pública.
El diputado local fue detenido hace una semana y hoy concluye el plazo para que un juez decida si hay datos de prueba suficientes para vincularlo, o no, a proceso judicial.
Sin embargo, la resolución aún no ocurre porque no se han desahogado 11 testimonios de los trabajadores que la madrugada del 21 de septiembre participaron en el cateo donde encontraron sustancias con características de mariguana y metanfetaminas.
Desde ayer, 27 de septiembre, ocho agentes de investigación y un perito, todos servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), debieron de llegar a la audiencia, pero no lo hicieron.
Al igual que dos policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH). Por ello, las 11 personas fueron citadas nuevamente para las 8:00 de la mañana del 28 de septiembre, pero no se presentaron.
A través de dos oficios firmados por Jorge Ismael Carreón Hernández, jurídico de la División de Investigación de la PGJEH, notificó que los ocho agentes y el perito no acudirían a la audiencia porque tenían que participar en algunos cateos y ante el déficit de personal, no era posible enviar a otros colaboradores.
Mientras que Israel Zaragoza Rico, subsecretario del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación, Calidad e Inteligencia, también envió un oficio al juez para informarle que los dos policías de la SSPH no llegarían porque no contestaron el teléfono debido a que estaban en días de descanso y por ese motivo, fue imposible notificarles de la cita.
La defensa de Edgar N, consideró durante la audiencia que el hecho de que no se presentara nadie era un abuso de autoridad y pidió al juez aplicar el apercibimiento de una multa de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), también que los mandara a llamar ya no por citatorios, sino con la fuerza pública.
Al respecto, el juez David Adrián Martínez Santiago, dio un plazo de dos horas para que los dos policías estatales se presentaran mediante el uso de la fuerza y explicó que el tiempo ya no se podría alargar más porque ya casi concluyen las 144 horas que tiene para emitir una resolución.
No obstante, la determinación no fue aplicada para los nueve elementos de la Procuraduría estatal porque el juez argumentó que ellos sí fueron notificados pero que justificaron su insistencia debido a su carga laboral.
La defensa del diputado Edgar N, advirtió que los trabajadores de la Procuraduría podrían estar incurriendo en desacato judicial por no asistir y que los jefes de dichos servidores públicos, en hechos que la ley señala como abuso de autoridad.
Por los anterior, planteó durante la audiencia la posibilidad de iniciar carpetas de investigación, a lo que el juez indicó que el derecho de la víctima quedaba a salvo para que procediera como considerara pertinente.