Las autoridades municipales que no utilicen los recursos del Fortamun para seguridad serán castigados con cárcel de entre 10 y 20 años de cárcel, propusieron diputados locales de Hidalgo.

La legisladora Alhely Medina Hernández indicó que la normatividad señala que al menos el 20 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) debe ser utilizado para seguridad pública, pero no se especifican sanciones para quienes no cumplan.

Ante ello, la diputada de Morena propuso considerar en el Código Penal local que el uso de recursos para seguridad que sea utilizado en otras acciones municipales, sea considerado como peculado.

“Al ser la seguridad pública un tema tan sensible para la sociedad y para fortalecer a las policías municipales, se debe asegurar que los recursos asignados para la seguridad se destinen exclusivamente para este fin”, explicó.

Proponen cárcel para alcaldes que desvíen recursos de seguridad en Hidalgo | Twitter: LXVI Legislatura de Hidalgo
Proponen cárcel para alcaldes que desvíen recursos de seguridad en Hidalgo | Twitter: LXVI Legislatura de Hidalgo

Además del castigo con prisión, la propuesta prevé considerar una multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, desde los 56 mil 570 a los 113 mil 140 pesos.

“Nos ha tocado ver que los municipios utilizan recursos del FORTAMUN para construcción de infraestructura, para otras cosas y no para fortalecer la seguridad pública”, expuso en entrevista.

La legisladora morenista indicó que los recursos sí deberían de alcanzar en los municipios para contratación de policías y adquisición de patrullas, pero no ocurre porque el dinero se utiliza para otras acciones.

No está considerado como una falta de tipo penal si los alcaldes utilizan recursos de seguridad para obra pública, “por eso la propuesta es que tenga consecuencias penales”.

Entres las observaciones que se emitieron sobre el uso del Fortamun están el contratar camionetas de alta gama para los alcaldes, incluso el pago de elementos de seguridad pública como guardias personales con estos fondos.

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