Estado

Proponen en Hidalgo sancionar a jueces y ministerios públicos por omisiones que afecten la justicia

La reforma al Código Penal busca fortalecer la responsabilidad y combatir la impunidad en la procuración e impartición de justicia en el estado.

En Hidalgo se castiga de tres a ocho años de prisión para servidores públicos que afecten la impartición de justicia | Twitter: LXVI Legislatura de Hidalgo
19/11/2024 |16:14
Ricardo Calleja
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En el Congreso del estado se propuso modificar el Código Penal local para que se sancione a ministerios públicos, jueces y magistrados cuando por acción u omisión afecten la procuración y administración de justicia y que no sólo se contemple a servidores públicos que por su cargo, estén vinculados directamente en la impartición de justicia.

El diputado Andrés Velázquez Vázquez explicó que con la reforma al Artículo 322 del Código Penal, se adiciona contemplar las conductas que puedan afectar la procuración e impartición de justicia, como alterar, modificar, ocultar, destruir, perder o perturbar el lugar de los hechos o evidencias relacionados con un hecho delictivo.

“Esta reforma contribuirá a establecer una cultura de responsabilidad de anticorrupción y de cero impunidad en el servicio público. La justicia debe ser un valor defendido por quienes ejercen el servicio público. Con esto avanzamos hacia un sistema judicial más justo, equitativo y responsable en beneficio de toda la sociedad hidalguense”, expuso el legislador Velázquez Vázquez.

Se argumentó que al no sancionar a este tipo de funcionarios, se crea un vacío normativo en el que continúan prácticas perjudiciales sin consecuencias, lo que afecta en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de impartición de justicia.

El Artículo 322 del Código Penal establece sanciones por actitudes dolosas de servidores públicos, pero el diputado Andrés Velázquez consideró que el artículo presenta la limitante de la sanción se restringe a las personas que tienen un papel directo como encargados de la impartición de justicia, por lo que excluye a ministerios públicos, jueces y magistrados.

“La iniciativa contribuye a que la procuración de justicia sea imparcial y objetiva, respetando derechos humanos y seguridad jurídica de las personas”, agregó Velázquez Vázquez.