Estado

Proponen hasta 27 años de cárcel en Hidalgo por uso delictivo de drones

La iniciativa busca sancionar el uso ilegal de drones para cometer delitos, vulnerar la privacidad o atentar contra la seguridad pública.

Foto: Pixabay
08/04/2025 |18:09
Ricardo Calleja
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En el Congreso de Hidalgo se propuso una iniciativa que busca modificar el Código Penal estatal para castigar hasta con 27 años de cárcel el uso ilegal de drones. Se alerta sobre su uso en acciones delictivas.

La diputada Tania Meza Escorza expuso que el uso indebido de drones ya es una problemática en la vida diaria de los hidalguenses, pero se debe prever que no sean utilizados como instrumento de uso delictivo y acoso.

La legisladora del grupo parlamentario de Morena propuso sanciones más severas cuando los drones sean utilizados para vulnerar la seguridad pública, la integridad de las personas o los derechos humanos.

Proponen hasta 27 años de cárcel en Hidalgo por uso delictivo de drones | Twitter: LXVI Legislatura de Hidalgo

También se considerará como agravante a las personas que realicen actos que provoquen lesiones e incluso homicidios. Mientras que se protege la intimidad al castigar con hasta 8 años la grabación de contenido sexual sin consentimiento.

Se considera que el daño a la propiedad y sobre todo si son de instituciones de seguridad pública, las sanciones serán más graves.

A quienes utilicen drones para cometer actos considerados como terroristas, donde se incluyan explosivos y sustancias tóxicas, el castigo puede alcanzar los 27 años de cárcel, además de multas de 100 a 250 días.

La legisladora Tania Meza destacó que la propuesta no requiere recursos económicos adicionales porque se trata de una modificación al código penal. Mientras que tampoco se crearán nuevas instituciones, unidades administrativas o cargos públicos.

“Los drones, al ser dispositivos accesibles, tienen el potencial de ser utilizados de manera ilícita, causar daños físicos, materiales o vulnerar la privacidad de las personas”, expresó Meza Escorza en tribuna del Poder Legislativo.

Si bien a nivel nacional ya se consideran dichas agravantes, se reconoció que en Hidalgo falta una regulación, lo que podría generar vacíos legales que dificulten la prevención, investigación y sanción, “lo que pondría en riesgo la seguridad pública y los derechos de los hidalguenses”.