Luego de que meses atrás, una joven fue arrestada y multada por negarse a casarse con un vecino en una localidad del municipio de Atlapexco, el diputado local Miguel Ángel Martínez Gómez propuso penalizar el matrimonio forzado en Hidalgo.
De acuerdo con la propuesta de ley, la unión de personas por la fuerza sucede con uno o más elementos de fuerza, fraude o coerción, y donde una o ambas partes no dan, o no pueden dar, su consentimiento. Y se destacó que esto puede ocurrir cuando familiares u otras personas usan el abuso físico o emocional, amenazas o engaño, para forzarle a casarse sin su consentimiento.
Por lo que propuso modificar el Código Penal del Estado de Hidalgo para establecer que comete el delito de cohabitación forzada de personas menores de 18 años de edad, que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su consentimiento, con alguien de su misma condición o mayor de edad, con el fin de convivir en forma constante y equiparable a la de un matrimonio.
A quien cometa este delito, se le impondrá una pena de 8 a 15 años de prisión y multa de mil a 2 mil 500 días. Asimismo, la pena se aumentará hasta en una mitad (podría alcanzar 22 años y medio) si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.
En su exposición de motivos, el legislador aún perredista definió esta práctica como cohabitación forzada y detalló que es una situación viola “de manera flagrante” los derechos más básicos de las personas.
“Es un fenómeno que debemos enfrentar de manera contundente. En la actualidad no existe una definición clara de esta conducta en nuestro marco legal, lo que dificulta la persecución y sanción de aquellos que la perpetran”, mencionó.
Durante su participacion en tribuna, Miguel Ángel Martínez refirió que esta acción se manifiesta de muchas maneras, desde situaciones de violencia doméstica y matrimonios forzados, hasta la explotación sexual y la trata de personas.
“La cohabitación forzada es un acto que vulnera la libertad y la integridad de las personas, constituyendo una forma de violencia que trasciende el ámbito privado y se extiende al núcleo social”, dijo Miguel Ángel Martínez.
Señaló que los efectos de la cohabitación forzada pueden incluir tensiones emocionales, conflictos constantes, violaciones de privacidad, abuso físico o psicológico y una sensación general de incomodidad y desesperación. Asimismo, las víctimas pueden experimentar ansiedad, depresión y una disminución de su bienestar psicológico y emocional, debido a la falta de autonomía y control sobre su entorno.