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En Hidalgo, la aplicación integral de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información se ve afectada por prácticas administrativas opacas, así como por la incidencia de la brecha digital y la conectividad para la difusión y el acceso a la información de los entes obligados a rendir cuentas.
Lo anterior fue expuesto por el diputado José Antonio Hernández Vera del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien señaló que la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas imprescindibles para transparentar el recurso público.
Indicó que se tienen que eliminar aquellas prácticas que limiten la transparencia e información de los gobiernos municipales, sindicatos, partidos políticos, entre otros sujetos obligados y garantizar que los ciudadanos puedan tener acceso a la información.
En la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto, se informó que se busca añadir la fracción primera Bis al artículo 25 y adicionar un inciso al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información, para establecer los mecanismos de funcionamiento de los comités de transparencia de los sujetos obligados.
De acuerdo con el legislador, en la entidad son 139 sujetos obligados y la mayoría de ellos son los ayuntamientos. Enfatizó que con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, publicada el 4 de mayo de 2016, se establecieron los lineamientos generales para garantizar el acceso a la información pública, pero hay pendientes como el reglamento.
“La transparencia y rendición de cuentas son pilares en la gestión pública, porque no sólo es una barrera contra la corrupción y abusos de poder, sino que es un derecho de todos los ciudadanos para saber lo que hacen los gobiernos con los impuestos”, explicó el diputado de Tulancingo.
Si bien se muestra avances en la materia, el diputado Antonio Hernández señaló que es necesario fortalecer los órganos de transparencia de los sujetos obligados, como es el caso de los municipios, por lo que deberán contar con reglamentación en la materia que ayude a poner a disposición del público la información sobre el uso de recursos de públicos. Además de garantizar que las plataformas digitales tengan la información actualizada.
Se precisó que los sujetos deberán emitir su reglamento en materia de transparencia y acceso a la información en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada a vigor del decreto.
“La problemática no es nueva, hay avances y son alentadores, pero hay que eliminar la disparidad entre la transparencia municipal y estatal, por eso hay que fortalecer los órganos internos de control”, agregó.
