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Tras considerar que en Hidalgo hay fraccionamientos sin acceso a los servicios públicos básicos, en el Congreso local se presentó una iniciativa para sancionar a las empresas inmobiliarias que no cumplan con el proceso de entrega-recepción ante los ayuntamientos, pues en la mayoría de los casos las familias adquieren viviendas irregulares porque las constructoras fueron omisas.
El diputado Juan Pablo Escalante Urban presentó una iniciativa para reformar la Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en donde se establecen los lineamientos que deberán cumplir las inmobiliarias y el objetivo es reducir la incertidumbre para que la población acceda a servicios públicos desde el momento en que compre una vivienda.
Según el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), se estima que en Hidalgo hay al menos 34 mil casas deshabitadas y Tizayuca encabeza la lista con 10 mil 480 casas en esta condición, las cuales están expuestas al vandalismo e invasiones.
Esto provocan que se conviertan en focos de inseguridad y contaminación, de acuerdo con el diputado Juan Escalante Urban, además de que las familias se enfrentan a entornos hostiles e incertidumbre sobre la calidad de sus hogares pues la falta de sanciones ocasiona que “los fraccionadores no se preocupen por realizar el proceso de entrega-recepción”.
El legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) argumentó que el abandono de casas es porque las inmobiliarias incumplen con sus obligaciones de garantizar los servicios como agua, electricidad, recolección de basura, pero sobre todo seguridad y transporte, entre otras.
“Es ignorado por las empresas, quienes incumplen con su obligación de entregar los fraccionamientos a los ayuntamientos con la infraestructura adecuada para la prestación de servicios públicos”, expresó el representante del distrito de Tizayuca.
