Cuatro nuevas denuncias fueron iniciadas en contra del ex oficial mayor Martiniano N. por la venta de bienes propiedad del Gobierno del Estado en costos muy por debajo del precio en el mercado, informó Álvaro Bardales Ramírez, titular de la Secretaría de la Contraloría, durante su comparecencia ante los diputados locales.

Alvaro Bardales, contralor de Hidalgo Foto: Especial
Alvaro Bardales, contralor de Hidalgo Foto: Especial

Tres de ellas, corresponden a la venta de igual número de predios que vendió en 55 millones de pesos; y otra por la venta de tres helicópteros por 116 millones de pesos, con precios que representan menos del 50 por ciento de costo que estipulan los avalúos, siempre por debajo del valor real.

La Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo y Oficialía Mayor estatal son las dos dependencias estatales de la administración pasada que enfrentan más denuncias penales, informó Álvaro Bardales Ramírez.

En su comparecencia ante el Congreso Local, refirió que uno de los principales objetivos de este gobierno es el de cero tolerancias a la corrupción y la impunidad; por lo que informó que presentaron 19 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en contra de seis dependencias estatales.

Precisó la Contraloría y la Oficialía Mayor enfrentan siete cada una; mientras que las otras cinco recaen en diferentes secretarías.

Álvaro Bardales expuso que revisaron recursos extraordinarios que fueron desviados a través del esquema denominado Estafa Siniestra, lo cual derivó en 29 denuncias penales por desvío de recursos, peculado, entre otros delitos. Asimismo, denunciaron a 41 proveedores y servidores públicos de siete dependencias, tres organismos descentralizados y 10 municipios, por un daño al erario de más de 2 mil 200 millones de pesos.

Alvaro Bardales, contralor de Hidalgo Foto: Especial
Alvaro Bardales, contralor de Hidalgo Foto: Especial

Como resultado de estas acciones, expuso que nueve municipios devolvieron 180 millones, de los cuales 102 se destinaron al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

También fueron destituidos ocho presidentes municipales, y cinco se encuentran vinculados a proceso y enfrentan su proceso en prisión preventiva justificada, dos siguen su proceso en libertad sin ocupar el cargo y uno está prófugo.

Agregó que turnaron al Tribunal de Justicia Administrativa cuatro procedimientos de responsabilidad por faltas graves por un monto de 454 millones y 18 procedimientos de responsabilidad por 688 millones en contra de servidores públicos de seis dependencias y dos organismos.

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