En dos ocasiones se judicializó la carpeta de investigación contra los presuntos responsables de los descuentos que se realizaron de manera ilegal al salario de trabajadores del sector salud, pero los jueces solo dieron el carácter de imputada y no se otorgaron las medidas cautelares que solicitó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) que era la prisión preventiva.
Así lo señaló Santiago Nieto Castillo, extitular de Procuraduría estatal, quien refirió que en el proceso de entrega-recepción de la PGJEH se informó que durante su gestión se solicitó los estados de cuenta a Comisión Nacional Bancaria de Valores para darle seguimiento a la ruta que siguió el dinero que se descontó a los trabajadores de salud, quienes formaban parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) que lidera Sonia Ocampo Chapa.
“Requeríamos saber hacia dónde se iban los descuentos, es decir, una vez que el sindicato retiraba el dinero, conocer hacia dónde se iba”, señaló Nieto Castillo durante su visita al Congreso Local hidalguense.
Informó que hasta el final de su gestión al frente del órgano de justicia, la investigación estaba en el análisis de las firmas porque había algunas que autorizaron las cajas de ahorros por las que descontaban el salario, “pero no significa que los trabajadores hayan aprobado los descuentos”, explicó.
En otro tema, el ex procurador encargado, indicó que a nivel nacional hay una discusión para reformar el artículo 102 para que las Fiscalías de los estados dependan del gobierno de cada entidad pues hasta ahora no han funcionado como órganos autónomos. “La fiscalía autónoma ha generado problemas en Tamaulipas, Veracruz y Morelos, vale la pena volver a pensar el diseño y es lo que se está pensando en el gobierno federal”.
En el marco de la prórroga que se aprobó para que los trabajos de transición de PGJEH a Fiscalía finalicen hasta el 2025, indicó que Hidalgo mantiene la ruta correcta para que después no se tenga que hacer un doble proceso para regresar a un modelo donde la Fiscalía tenga cercanía con el ejecutivo estatal.
“La política de seguridad es de Estado y tiene que involucrar la prevención del delito, la seguridad pública, la impartición y procuración de justicia, ejecución de penas e inteligencia; al final, cuando hay un tema de inseguridad se le reclama al gobernador”, indicó el excandidato al Senado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).