La representante legal de Aktaion Digital S.A. de C.V., la empresa utilizada por el sexenio pasado para desviar casi 144 millones de pesos Instituto Hidalguense de Educación (IHE), solicitó la protección de la justicia federal, según se desprende de la demanda de amparo 1928/2023.
De acuerdo con el expediente radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo del Poder Judicial de la Federación (PJF), Vianey Yadira Mora Marín busca protegerse contra actos privativos de libertad, específicamente una orden de aprehensión.
Mora Marín es representante legal de Aktaion, según se desprende de un acta de licitación pública emitida el 11 de septiembre de 2020 por la Secretaría de Contraloría entonces encabezada por César N, presuntamente vinculado con el esquema de corrupción conocido como Estafa Siniestra.
El 31 de marzo 2022, esta empresa fue contratada por el Instituto Hidalguense de Educación para atender un supuesto hackeo que nunca ocurrió, por estos hechos, Pablo N, exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), está vinculado a proceso por el delito de peculado.
Incluso, la Auditoría Superior del Estado (ASEH) en su entrega reciente de la cuenta pública 2022, también estableció que la firma del contrato número DGAJ-II/CT/06/020/2022 generó un detrimento a la administración pública por un total de 143 millones 999 mil 857 pesos. Asimismo, acusó que la contratación fue adjudicada de manera directa sin motivar la excepción de la licitación pública.
Ante los hechos y la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), la representante legal de Aktaion promovió el amparo en mención, el cual presentó el 9 de noviembre.
Un día después, la demanda ingresó a la mesa III del Juzgado Segundo de Distrito y para el 13 del mismo mes se admitió a cambio de una garantía de 10 mil pesos.
Este juicio de garantías todavía no concluye toda vez que la audiencia incidental estaba programada para el 21 de noviembre; sin embargo, debido a que las autoridades continúan rindiendo sus informes, se difirió para el 1 de diciembre; mientras que la audiencia constitucional se llevará a cabo el día 18 del próximo mes.