Elizabeth Quintanar Gómez, titular de la Secretaría de Turismo, aseguró que continuará en funciones Miguel Ángel N, subdirector de Comunicación Social, quien en la última semana de octubre fue vinculado por hechos que la ley señala como fraude procesal.

Dentro de la causa penal 931/2024, el funcionario público fue acusado de alterar un documento que presentó al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), mediante este escrito pretendía justificar que no había sido responsable de una publicación con propaganda partidista que se publicó en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo.

Tras analizar el asunto, la jueza Karina Vértiz Marín consideró que existían datos de prueba suficientes por la presunta comisión de un fraude procesal y el 28 de octubre dictó un auto de vinculación a proceso, también determinó que el imputado enfrentaría su proceso en libertad.

Cuestionada sobre la resolución judicial, Quintanar Gómez señaló que mantendría en el cargo a Miguel Ángel N al argumentar que por la carga laboral que hay en la dependencia estatal, no podría prescindir de los servicios del directivo.

Secretaría de Turismo de Hidalgo mantendrá en el cargo a funcionario vinculado por fraude procesal | Foto: Luis Soriano
Secretaría de Turismo de Hidalgo mantendrá en el cargo a funcionario vinculado por fraude procesal | Foto: Luis Soriano

También indicó que la jueza no ordenó separarlo del encargo, pero aceptó que si fue una solicitud de las partes durante la audiencia inicial; asimismo, dijo que fue incorrecta la publicación partidista en redes sociales que se realizó en marzo del año pasado en las redes de la Secretaría de Turismo. Dicha situación propició que el Partido Acción Nacional (PAN) visibilizara el hecho y se iniciara un expediente en el IEEH.

El Código Penal para el Estado de Hidalgo en su numeral 323 precisa que el fraude procesal lo comente quien para perjudicar a alguien u obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico o un acto o escrito judiciales. Asimismo, cuando se alteran elementos de prueba o se realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error ante la autoridad judicial o administrativa con el fin de obtener sentencia o resolución contraria a la ley.

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