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Mario Assa Misrahi, uno de los dueños de la empresa Carnival con sede en Pachuca, acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de haber rebasado los límites de sus funciones territoriales al haber asegurado sus instalaciones sin la colaboración de las autoridades estatales.
A través de un oficio que envió al gobernador Julio Menchaca, indicó que luego de la diligencia judicial se reunió con Francisco Fernández Hasbun, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), y que le informó sobre la existencia de una petición del acto judicial por parte de las autoridades capitalinas, pero que no había sido respondido.
“A dicha petición no le ha recaído contestación ni tampoco ha sido designado personal institucional (PGJEH) que realice el aseguramiento, que indebidamente y fuera de jurisdicción, realizó la representación social de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, señaló.
Por lo que adelantó que emprenderá una defensa legal y anunció que ante dicha situación la empresa abandonaría Hidalgo, al no contar con las condiciones necesarias para continuar con la actividad productiva que han realizado durante 35 años, afectando a 900 trabajadores y otras 300 personas que estaban en espera de ser contratadas.
Asimismo, le pidió al mandatario estatal su apoyo para que pueda sacar del inmueble sus bienes e insumos, pues aseguró que acudió a la FGJCDMX, pero no lo recibieron.
Ante esta situación, empleados de la empresa realizaron una protesta en las inmediaciones de la PGJEH y posteriormente bloquearon la carretera México-Pachuca. Dos horas más tarde liberaron la vialidad, tras acordar una mesa de diálogo con autoridades estatales, aunque amagaron con volver a realizar el bloqueo este lunes si no tienen una solución.
Uno de los trabajadores refirió que un conflicto de 2022 derivó en el aseguramiento de la planta industrial y aseguró que la empresa no tiene problemas legales, sino únicamente el inmueble. No obstante, señaló que el problema familiar afecta a los 900 trabajadores y aproximadamente a otras 3 mil 500 personas de manera indirecta.
